viernes, marzo 29, 2024
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¿Garantes de la democracia?

Por: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

Nada hay tan deletéreo para una sociedad como la pérdida de confianza en sus instituciones y en quienes las representan. Sus hechos presentes o pasados los condenan.

El caso del actual registrador Alex Vega es verdaderamente representativo de adonde puede llegar un personaje habilidoso que se sabe mover entre las altas esferas, en las cuales se transan y se negocian los contratos y las alianzas políticas.

De tiempo atrás se han conocido denuncias que comprometen al actual Registrador en la solicitud de dineros para favorecer aspiraciones de candidatos al Congreso.

Ahora el señor Vega funge nada más y nada menos que como Registrador Nacional del Estado Civil, cargo de altísima responsabilidad del cual no solo depende el resultado de las cruciales elecciones que se avecinan, sino la estabilidad misma de nuestra democracia.

El problema es que Vega no es confiable por sus oscuras y podríamos llamar tenebrosas movidas, si nos atenemos a los antecedentes y a su desempeño actual.

Además, desde diferentes vertientes se ha cuestionado la politización existente en el Consejo Nacional Electoral, donde la mayoría de los partidos representados en el Consejo Nacional electoral están jugados en favor de Daniel Quintero respecto a la revocatoria.

En todo este entramado surgen varios interrogantes frente a la dudosa actuación de organismos supuestamente garantes de la democracia como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

¿Es razonable que el magistrado César Abreo se demore más de tres meses para revisar 200 millones de pesos correspondientes a la financiación de la revocatoria de Daniel Quintero?

¿Por qué el CNE no permitió intervenir en las diferentes audiencias públicas a los voceros de revocatoria contra Daniel Quintero?

¿Qué papel juegan en este entramado de intrigas y favoritismos Zamira Gómez Carrillo, el magistrado Jaime Lacouture y el congresista liberal Alejandro Chacón?

¿Por qué algunos aspirantes a cuerpos colegiados han tenido que recurrir a la intermediación de congresistas ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que se les reconozca la reposición de votos después de una larga espera de cuatro años?

¿Si hace diez años cobraban 1.200 millones para vender una curul de congresista, de los que quedan en las últimas curules en juego, cuánto vale una curul en la actualidad?

¿Cuáles son los costos para interferir el proceso de una revocatoria y negarles a los ciudadanos el derecho a decidir democráticamente sobre el manejo de un municipio?

¿La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral si son garantes del ejercicio democrático en el país?

Los reconocimientos que han realizado a la administración de Medellín contrastan con la realidad del cumplimiento de varias áreas y programas del Plan de Desarrollo. Algunos con 0% de ejecución transcurrido el 50% del mandato. Otras entidades como el Hospital General de Medellín, han acumulado suficientes hechos para ser intervenidos por la Superintendencia de Salud.

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