La Fundación Universitaria San José emprendió un proceso de verificación de 48.000 títulos expedidos en las últimas décadas, luego de que se conociera que Juliana Guerrero, señalada como ahijada política de Armando Benedetti y postulada para un cargo en el Ministerio de Igualdad, figuraba como egresada sin haber cursado estudios en la institución.
La divulgación de este hecho generó una revisión interna que involucra áreas administrativas y académicas. El rector de la institución, Francisco Pareja, explicó que la decisión de revisar todos los diplomas se tomó después de que el secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, admitiera haber autorizado la expedición del título irregular.
Según el relato entregado por Pareja, Gutiérrez reconoció su responsabilidad desde los primeros requerimientos y aceptó que el documento fue otorgado sin que Guerrero cumpliera los requisitos académicos exigidos. La institución señaló que, hasta el momento, no se ha establecido quién solicitó la expedición del diploma fraudulento.
Pareja indicó que no existió un pago relacionado con la entrega del documento y que la persona que habría pedido el favor no corresponde a un actor externo de alto perfil, sino a alguien con funciones de promoción o captación de estudiantes para la universidad. Esta información generó nuevas preguntas dentro de la institución sobre los procedimientos que permitieron que la solicitud avanzara sin controles adicionales.
El caso provocó preocupación entre estudiantes y egresados, quienes han expresado inquietudes sobre la validez de sus certificaciones académicas. La universidad afirmó que el proceso de revisión busca garantizar transparencia y determinar si existen otros títulos que hayan sido emitidos de manera irregular durante el periodo en el que Gutiérrez estuvo al frente de la secretaría general.
El rector precisó que la verificación abarcará a los miles de estudiantes antiguos cuyo proceso académico se desarrolló en las últimas décadas y reiteró que cualquier irregularidad identificada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Además, aseguró que los hallazgos serán comunicados públicamente.
La institución revisará los soportes académicos, bases de datos históricas y archivos físicos relacionados con los títulos expedidos. La medida fue puesta en marcha como parte de una estrategia para establecer responsabilidades y recuperar la confianza institucional tras la divulgación del caso.
