Al expresidente del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) para el periodo 2016 – 2018, Helmut Barros Peña, le fue imputado cargos por posibles hechos de corrupción, así como a Edgard Antonio García Gámez, Óscar Ricardo Cruz Sánchez ambos contratistas, y a Germán Eduardo Manzanera empleado de una fiduciaria.
A estas personas se les acusa de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El 20 de noviembre de 2017 los procesados suscribieron, al parecer de manera irregular, un contrato por más de 68.435 millones de pesos. El objeto estaba relacionado con la venta de 2.087 créditos hipotecarios correspondientes a cartera vencida del Fondo Nacional del Ahorro.
Peritos expertos de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que el valor real de la cartera vencida era de 107.284 millones de pesos, pese a ello se pactó en el contrato el cobro del 30 por ciento menos, es decir, los 68.435 millones de pesos. Según la investigación, con esta acción ilegal se generó un peculado superior a los 38.848 millones de pesos.
Los elementos materiales probatorios advierten que el contrato habría sido direccionado para favorecer las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez; las cuales contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Germán Eduardo Manzanera.
Según la Fiscalía, estos hombres habrían pactado el cobro del 30% menos de estos $107.284 millones, o sea $68.435 millones. Esto habría causado un peculado superior a los $38.848 millones a través de esta acción ilegal. Estos hombres se habrían puesto de acuerdo para direccionar el contrato que terminaría con la malversación de estos miles de millones de pesos.
De acuerdo con el material recogido por la Fiscalía, este contrato habría sido direccionado de forma irregular para favorecer a las empresas de los dos contratistas. Estas empresas ya habían recibido el aval de la entidad financiera en la que se encontraba trabajando Germán Manzanera. Después de recibir el aval de esta fiduciaria, celebraron el millonario contrato con el Fondo Nacional del Ahorro.
El ente investigador evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.
