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Fiscalía imputará cargos a directivos de Hidroituango por irregularidades en la contratación

COLOMBIA. El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira anunció que el ente investigador imputará cargos por la probable comisión de delitos en el proceso de adjudicación de la contratación para la construcción del proyecto hidroeléctrico.

Se mencionó de la contratación sin los requisitos legales e incluso se habló de una adjudicación “a dedo”. Esta decisión recae en Luis Guillermo Gómez Atehortúa quien se desempeñaba como gerente del Hidroituango en la fecha y Luis Javier Vélez Duque también antiguo gerente de EPM Ituango.

También se citará a interrogatorio a funcionarios relacionados con el proyecto, los llamados a declarar son: Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque y Juan Esteban Calle Restrepo.

De acuerdo con el fiscal Martínez Neira, las audiencias se celebrarán el próximo mes de marzo previa programación del Centro de Servicios Judiciales.

La investigación

El alto funcionario indicó que las investigaciones que la Fiscalía adelanta por Hidroituango se basan en dos ejes fundamentales. Por un lado, respecto a la afectación generada por el proyecto Hidroituango a los recursos naturales,  y por otro, el proceso de contratación de la hidroeléctrica.

En cuanto al proceso de contratación, Martínez Neira señaló que en la primera etapa de la investigación la Fiscalía identificó inconsistencias desde el inicio del proyecto como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista.

Explicó que Hidroituango S.A. E.S.P., fue constituida el 8 de junio de 1998 con el objeto de realizar “el diseño, construcción y explotación a nivel nacional y/o internacional de la central hidroeléctrica” y en 2009 se dejó en manos de un tercero el desarrollo de la obra, de tal manera que asumiera su construcción con autonomía, recursos propios y responsabilidad individual sobre los riesgos.

El fiscal indicó que la sociedad Hidroituango convocó mediante subasta pública internacional a los interesados en construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande de Colombia. Esta primera fase de oferta pública concluyó con la selección de 7 precalificados, entre ellos EPM E.S.P, empresa que era accionista de Hidroituango S.A. E.S.P.

El proceso siguió su curso y el 18 de marzo de 2010 fueron publicadas las reglas para la adjudicación de los contratos. Sin embargo, días después, la junta directiva de Hidroituango suspendió el proceso de subasta por unas semanas. No obstante, los socios avanzaron en una negociación directa con EPM, afirmó el jefe del organismo investigador.

El 10 de septiembre de 2010 se suscribió un segundo acuerdo en el que se reafirmó que las Empresas de Servicios Públicos de Medellín asumirían la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el 27 de octubre de 2010 se dio vía libre a la división patrimonial y a la tercerización de la financiación del proyecto. Aún así, el 4 de noviembre de 2010, mientras avanzaba la constitución del marco legal para permitir el ingreso de una nueva empresa, Hidroituango informó a los seis oferentes internacionales y nacionales que el proceso de subasta quedaba cerrado y que el contrato había sido asignado a EPM por ser una empresa regional, vulnerando de esta manera los principios de libre competencia, selección objetiva y transparencia.

Daño ambiental

En cuanto a la afectación generada por el proyecto Hidroituango a los recursos naturales, los fiscales investigadores indagan posibles irregularidades presentadas en la disposición y manejo de los residuos orgánicos y escombros.

Igualmente, se indaga el impacto que generó en el ecosistema las modificaciones en los diseños iniciales y la ejecución de obras sin los permisos ambientales exigidos por la ley así como la desestimación de riesgos por parte de los encargados del proyecto.

Por estos hechos, la Fiscalía busca establecer a los presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los mismos.

 

 

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