La Fiscalía imputará y pedirá prisión preventiva contra 25 militares por una operación realizada en marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
El abogado Juan David Ayure, asesor jurídico de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó a la agencia EFE que representantes de la víctimas se reunieron hoy con el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, quien les informó de los avances del caso.
«El 11 de mayo radicaron la solicitud de audiencia de imputación ante los jueces de Putumayo -porque allí sucedieron los hechos- de 25 militares activos del Ejército de Colombia. Entre estos militares se encuentra un coronel, un capitán, un teniente, un grupo grande de soldados profesionales y algunos suboficiales», detalló.
Según un documento a estos militares los acusarán por los delitos de «homicidio en persona protegida» y «homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa», en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.
«Estamos a la espera de la asignación de fecha, pero pudimos conocer la solicitud y la radicación de la misma», agregó el abogado.
Las víctimas tenían previsto realizar un plantón frente a la Fiscalía justamente para exigir justicia, pero finalmente terminaron reunidos con el fiscal que les reveló los avances de la investigación.
La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias «Bruno», parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.
