La Fiscalía General de la Nación confirmó la fecha en la que se llevará a cabo la imputación de cargos contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, dentro del proceso que revisa las presuntas irregularidades ocurridas en la licitación para la fabricación de los pasaportes en Colombia.
La diligencia judicial fue programada para el 9 de diciembre a las 8:30 de la mañana y se realizará ante el Tribunal Superior de Bogotá. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia será el encargado de formular los cargos.
De acuerdo con la entidad investigadora, Leyva Durán será imputado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. La acusación se centra en una serie de actos administrativos que, según la Fiscalía, habrían sido expedidos sin ajustarse a los parámetros legales establecidos para el trámite de licitación pública cuyo objeto incluía la prestación de servicios de personalización, custodia, distribución, impresión y entrega de documentos y etiquetas de visa con zona de lectura mecánica.
La investigación tomó relevancia luego de que la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al exministro. El 12 de noviembre de 2024, el organismo de control anunció su destitución e inhabilidad por diez años para ejercer funciones públicas.
Las conclusiones de la Sala Disciplinaria Ordinaria indicaron que Leyva desconoció los criterios de selección objetiva al dejar sin efecto la licitación en la que participaba un único oferente que cumplía los requisitos. La decisión disciplinaria fue confirmada en septiembre, cuando la Procuraduría reiteró que la conducta había sido catalogada como falta gravísima.
El proceso disciplinario contra Leyva Durán inició en 2023, cuando la Procuraduría examinó sus actuaciones en la declaratoria desierta de la licitación que involucraba a la empresa Thomas Greg and Sons. La entidad también evaluó la declaratoria de urgencia manifiesta al finalizar el contrato previo.
Aunque el organismo mantuvo la sanción por la decisión de cancelar la licitación, sí lo absolvió respecto a la declaratoria de urgencia manifiesta, al determinar que en este punto no se configuraban faltas disciplinarias.
Con el avance del proceso penal, la Fiscalía busca esclarecer los alcances de las decisiones tomadas por el entonces canciller y su impacto en el trámite contractual del pasaporte. La audiencia del 9 de diciembre será el escenario en el que la entidad expondrá formalmente los cargos, en una etapa preliminar del proceso judicial que continúa en curso.
La citación se suma a las actuaciones disciplinarias ya concluidas y se centra en revisar si las decisiones administrativas adoptadas por Leyva se ajustaron o no a los requisitos normativos aplicables. El procedimiento sigue activo mientras la Fiscalía adelanta las etapas correspondientes dentro del proceso penal.
