La Fiscalía General de la Nación informó este martes un posible acceso irregular a información reservada relacionada con el proceso que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, y pidió que se imponga una medida de aseguramiento intramural en su contra.
La delegada de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, describió ante el despacho judicial una situación que consideró inusual dentro del trámite.
Según expuso, el 10 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde, llegó a su oficina un poder firmado por Nicolás Petro. El documento estaba dirigido a distintas dependencias judiciales y mencionaba una noticia criminal en la que el investigado no figuraba aún como vinculado.
Laborde señaló que para remitir dicho poder era necesario conocer números internos del proceso que no son de acceso público. Indicó que esto llevó a advertir un eventual acceso a información clasificada.
De acuerdo con la fiscal, el envío del documento implicaría que Petro tenía conocimiento previo de datos que no habían sido divulgados. Planteó ante el despacho la pregunta sobre la forma en que el investigado llegó a obtener esa referencia procesal y recalcó que una persona ajena al ente acusador había ingresado a información reservada.
Tras explicar estos hechos, la delegada solicitó que se impusiera una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Señaló que, según el material recopilado, Petro habría actuado con conocimiento de la ilicitud de sus conductas y habría intervenido para incidir en la celebración de contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, a través de la Fundación FUCOSO.
Durante la audiencia, Laborde argumentó que el exdiputado habría utilizado su cargo para direccionar convenios, solicitar la elaboración de documentos privados falsos y emplearlos posteriormente en reportes obligatorios como servidor público, incluyendo los relacionados con bienes, rentas y posibles conflictos de interés. Sostuvo que estos elementos justificaban la urgencia de imponer la medida restrictiva de la libertad.
La fiscal reiteró su solicitud ante el despacho judicial, invocando el artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal. Aseguró que las acciones atribuidas al investigado reflejan la necesidad de imponer una detención preventiva mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía explicó que el caso continúa en etapa de análisis y que se están verificando los mecanismos mediante los cuales se habría accedido a la información reservada que permitió la elaboración y el envío del documento mencionado. Añadió que, una vez recaudado el material probatorio restante, se presentarán los avances ante el juez competente para definir la situación jurídica del investigado.
