La Fiscalía de Perú solicitó en las últimas horas los videos de la cámaras de seguridad de la vivienda que sirvió de «búnker» electoral del Presidente Pedro Castillo; donde en las últimas semanas presuntamente mantuvo una serie de reuniones sin registro oficial que son materia de investigación.
Pedro Castillo y su controvertida reunión con Karelim López
Los videos reclamados corresponden al 19 de noviembre de 2021, día en el que llegó a este inmueble la empresaria Karelim López. Ella es representante de un consorcio que la Fiscalía sospecha que ganó irregularmente la licitación para construcción de un puente. Todo, aparentemente gracias a la influencia del mandatario.
La Fiscalía se centrará en determinar qué hizo López durante su breve estancia en esta casa ubicada en el Pasaje Sarratea, del popular distrito limeño de Breña; y sobre todo si llegó a reunirse con Castillo.
Si bien el gobernante también llegó ese día al inmueble, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, sostiene que las cámaras de seguridad demuestran que el Presidente se marchó de la vivienda antes de que llegara Karelim López.
Por ello, la fiscal Karla Zecenarro, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al propietario de la casa todos los videos de las cámaras de seguridad, tanto externas como internas.
Durante la tensa campaña electoral, este domicilio sirvió de residencia a Castillo y también de su centro de operaciones. Allí mantenía las reuniones de carácter político restringidas a un círculo muy cercano de miembros del marxista partido Perú Libre, con el que el izquierdista ganó los comicios presidenciales.
Este es uno de los tres casos por los que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió la pasada semana investigaciones a Castillo. Sin embargo, dejó suspendida cualquier diligencia al entender que se lo impide la Constitución por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
Los otros dos casos se tratan de presuntas irregularidades en una licitación de la petrolera estatal Petroperú para la adquisición de biodiésel por valor de 74 millones de dólares; y supuestas presiones para ascender irregularmente a militares cercanos al Presidente.
Si bien la Fiscal de la Nación tiene suspendidas sus diligencias sobre el mandatario -al que le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y colusión-, otros fiscales como Zecenarro sí pueden avanzar sus investigaciones sobre los otros implicados que no tienen inmunidad.
Así, ya se realizaron registros y allanamientos a la vivienda del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. En el baño de su oficina en la sede del Ejecutivo se le hallaron escondidos 20.000 dólares en efectivo que él atribuyó a «ahorros personales».
Ante estas investigaciones, Castillo niega cualquier ilegalidad. Pero su abogado insiste en que no puede publicar la lista de personas con las que se reunió en la vivienda de Breña porque no existe ningún registro.
Castillo se encamina a su sexto mes de mandato, un periodo marcado por la incertidumbre y la feroz oposición de la derecha peruana.
En solo ese tiempo, protagonizó un primer intento frustrado de sacarlo del poder mediante una moción de destitución presidencial que no prosperó en diciembre.
