El fallo del Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá, que ordenó modificar partes de la película Noviembre, provocó una confrontación pública entre el presidente Gustavo Petro y la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz.
La decisión judicial dispuso eliminar o cambiar escenas y referencias que, según los demandantes, afectaban el buen nombre del magistrado asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.
La acción de tutela fue interpuesta por los familiares de Gaona contra la productora del largometraje dirigido por Andi Baiz, basado en hechos relacionados con el asalto del M-19 al Palacio de Justicia. En la demanda se argumentó que la obra incluía una línea de diálogo y representaciones visuales que insinuaban una supuesta colaboración del magistrado con el grupo insurgente, lo que consideraron falso y perjudicial para su memoria.
El juez determinó que la película debía modificar las escenas señaladas, evitar el uso del nombre y rasgos identificables del magistrado y precisar que se trata de una obra de ficción. El fallo recordó que los derechos al buen nombre y a la honra pueden ser reclamados por los familiares de las víctimas, incluso cuando estas hayan fallecido.
El presidente Petro reaccionó en su cuenta de X, calificando la decisión como un acto de censura. Afirmó que imponer restricciones a una producción cinematográfica limita la libertad de expresión y el derecho al arte. “Esto se llama censura. Muy lamentable que el arte y la libertad de expresión entren a censura. No he observado la película, pero jamás censuraría, ni lo haría el magistrado Gaona”, señaló el mandatario.
Petro también hizo una referencia más amplia al contexto histórico, afirmando que “en este siglo donde se crió tanta gente colombiana, hubo una contracultura de ultraderechas profunda, aniquiladora no solo de la vida física, sino del espíritu libre”, comentario que amplió la controversia y generó reacciones en distintos sectores políticos y culturales.
Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado y abogada de la familia, defendió la sentencia y aseguró que la decisión no implica censura. Explicó que el propósito fue corregir una versión errónea sobre los hechos y proteger la memoria de su padre, asesinado por el M-19 durante el asalto. “La película difundió una narrativa falsa e injuriosa. El fallo busca preservar la verdad histórica y la dignidad de quien fue víctima del grupo armado”, indicó.
Gaona Bejarano sostuvo que la libertad artística debe ejercerse dentro de límites que eviten distorsionar hechos históricos o afectar la reputación de las víctimas. El juzgado, por su parte, ratificó que la representación de Gaona en la película carecía de sustento probatorio y resultaba lesiva para su memoria, motivo por el cual se ordenó su corrección.
La controversia continúa abierta entre quienes consideran la decisión judicial una restricción a la libertad de creación y quienes la interpretan como una medida necesaria para proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
