A pocas horas de que la juez 44 de conocimiento de Bogotá definiera diera a conocer la pena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un grupo de 28 exmandatarios de diferentes países dirigió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo sobre lo que califican como “graves afectaciones a los derechos humanos”.
La misiva fue coordinada por el expresidente Iván Duque y plantea la preocupación por lo que consideran múltiples “anomalías” en el proceso penal que enfrenta Uribe. El documento sostiene que, a pesar de tales circunstancias, el exmandatario ha comparecido y colaborado con todas las etapas judiciales, y que la condena en primera instancia que se le impuso se construyó sobre una “cadena de irregularidades”.
“Esta comunicación no busca generar presión institucional o personal sobre la justicia colombiana. Por el contrario, se presenta para denunciar un patrón histórico estructural previo, cuyas consecuencias jurídicas hoy se han materializado con un anuncio de condena que exige una atención oportuna desde los órganos internacionales», señala el texto enviado a las instancias multilaterales.
El pronunciamiento se conoció previo a la audiencia en la que la juez del caso estableció la duración de la pena del exmandatario. El pasado 28 de julio, en su lectura del sentido de fallo, la juez halló al expresidente Uribe responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en calidad de determinador. Al mismo tiempo, fue absuelto por el delito de soborno a testigos.
En el documento remitido por los exmandatarios se afirmó que las supuestas irregularidades en el proceso representan una afectación sistemática a los derechos del exmandatario amparados por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Con nuestra convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia”, concluyó el documento.
