Cuando ya todo estaba listo el lunes pasado para la entrega de las planillas para la recolección de firmas de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero y se daba por hecho que se cumpliría con el fallo definitivo de una tutela, la Registraduría Nacional del Estados Civil, se inventó una nueva disculpa para no entregarlos todavía.
Por fuera de los tiempos y ya en desacato, la Registraduría intenta interpretar los términos para el cumplimiento de una Acción de Tutela y sabiendo que las aclaraciones a los alcances de las tutelas solo rigen durante los tres días posteriores al fallo, a última hora del miércoles y por orden del Registrador Nacional, Alex Vega y el Delegado Nacional para lo Electoral, Benjamín Ortiz; el departamento jurídico de la entidad le solicitó un “pedido de pronunciamiento” a la magistrada Vannesa Pérez del Tribunal Administrativo de Antioquia.
El pedido está dirigido a entender si puede o no entregar las planillas aun cuando el Presidente Iván Duque, según la registraduría no ha nombrado un Alcalde Ad-Hoc para la vigilancia y control de los protocolos de bioseguridad en el proceso de la recolección de las firmas.
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Lo que ignoró la Registraduría es que la Presidencia de la República ya delegó en el Ministerio del Interior la escogencia del Alcalde Ad-Hoc y que suena para ese cargo el Viceministro de Defensa, Carlos Ríos, entre los candidatos que tendría el Gobierno pare el encargo; mientras que este proceso no altera en nada los plazos que la Tutela le dio a la Registraduría para la entrega de los formularios.
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Entre tanto y ante el incumplimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza el Registrador Alexander Vega, el movimiento pro revocatoria “Pacto por Medellín” a través de sus apoderados jurídicos, instauraron un “Incidente de Desacato” en contra del Registrador Vega, que lo podría conducir a pagar 10 días de cárcel así como una multa económica por no haber cumplido con el fallo de la acción de Tutela.
El “Incidente de Desacato” pide textualmente a la Magistrada Vannesa Alejandra Pérez del Tribunal Administrativo de Antioquia que “en los términos de ley le ordene a LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, representada legalmente por ALEXANDER VEGA ROCHA el cumplimiento del fallo, o en su defecto se imponga la multa y la orden de arresto que están prescritos en la norma”.
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Así las cosas, el plazo para la entrega de las planillas por parte de la Registraduría, tiene los días contados con las dos solicitudes que cursan ante la Magistrada Pérez del Tribunal, el primero el pedido de aclaración por fuera de los tiempos por parte de la Registradruría, que por demás, pretende en su escrito que el Tribunal acepte la tesis de que por estar en actuación administrativa, cesan los términos de cumplimiento; y por el otro lado, el “Pacto por Medellín” con el incidente de desacato.
Una de las explicaciones que algunos analistas han dado para que la Registraduría haga todo lo posible por no entregar las planillas de revocatoria, está en el problema personal al que tornó el episodio de denuncias públicas que, Andrés Guerra, excandidato a la Gobernación de Antioquia y ahora diputado, ha hecho sobre el hoy registrador Alex Vega por el pedido de una multmillonaria suma para manipular en el pasado, un conteo de votos que podrían haberle dado una curul en el Congreso de la República.
Como se sabe, Andrés Guerra es uno de los abanderados de la causa de la revocatoria y el registrador Alex Vega, hoy su gran opositor; por lo que estaría, desde la registraduría, haciendo que se demore por cualquier vía, la entrega de los formularios como parte de esa disputa.
A esta disputa, dicen los analistas, se suma los intereses de poder que ya se han dado a conocer en el pasado y que ha llevado a que este proceso haya estado minado de tropiezos desde que comenzó en enero.
