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miércoles, octubre 5, 2022
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(EXCLUSIVO) «Fuerza Antifraude» le gana titánico round a la Registraduría

El día 19 junio, ante una impávida Colombia, y tan solo una después hora de que se cerraran las urnas en todo el país, era proclamado Gustavo Petro como presidente del país, el primer mandatario comunista de la historia, pero ya en ese momento comenzaban a acumularse una serie de inquietudes sobre el proceso electoral que llevó a la izquierda a anotarse dicho triunfo.

Ese día un grupo de ciudadanos indignados que con el pasar de los minutos fueron decantando y analizando con cabeza fría la situación, tomaron la determinación como colombianos comprometidos con la protección de la democracia en el país y sin el apoyo de los partidos políticos del país, de iniciar procesos jurídicos en contra del triunfo de Gustavo Petro, dada la cantidad de información que comenzó a llegar sobre presunto fraude cometido durante los procesos electorales que terminaron con la llegada a la Casa de Nariño del candidato del Pacto Histórico.

A partir de ahí comenzó lo que ha sido una lucha de David contra Goliat, un grupo de colombianos peleando en contra del establecimiento, de la corrupción, de grandes corporaciones, de grupos armados al margen de la ley, de las «extintas» FARC y nada más ni nada menos que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que buscaron de todas las formas posible, a través de todas las formas de lucha, el triunfo del comunismo en Colombia.

Es en ese punto donde deciden conformar un grupo denominado «Fuerza Antifraude» con el único objetivo de recoger información que demuestre que las pasadas elecciones presidenciales no fueron transparentes ni respetaron las normas de participación y transparencia para que no hubiera ningún manto de duda sobre los candidatos que lograron llegar a segunda vuelta y menos sobre aquel que ganó la contienda electoral.

En redes sociales y una página web, así como gracias a la asesoría de una serie de abogados comprometidos con la cusa comenzaron a promover que los ciudadanos interpusieran tutelas en caso de haber sido testigos de fraude electoral o de que su voto no apareciera en la mesa, además de enseñarle a los ciudadanos a revisar los diferentes formatos que emite la Registraduría con el fin de identificar las irregularidades que se registraron durante las jornadas.

Es así como más de dos millones de ciudadanos levantaron su voz y se unieron a una tutelaton que dejaría en evidencia el sin número de irregularidades que se registraron durante la jornada electoral, sobre todo aquella del 19 de junio donde hubo fallecidos que votaron, abstención de menos del 20 % en zonas que tradicionalmente no vota, mesas con el mismo número de votos y con iguales firmas de jurados, votos a favor de determinado candidato, no registrados, entre otras tantas irregularidades.

La justicia, ante la masiva solicitud de ciudadanos que buscan el mismo objetivo utiliza un mecanismo y agrupa las acciones jurídicas y de esa misma emite un solo fallo, es así como en primera instancia se emite un fallo que afirma que el procedimiento es improcedente, por lo que la «Fuerza Antifraude» fortaleció los argumentos y presentó dentro de los tiempos establecidos por las normas, la impugnación de la tutela, dejando claro que no estaban de acuerdo con la determinación del juez.

Esta impugnación es evaluada en el Tribunal Superior de Medellín, y en un fallo histórico, el juez correspondiente decide darle trámite a la solicitud y pedir a las partes denunciadas, es decir la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Presidente de la República que presenten las pruebas correspondientes que rebaten las afirmaciones de fraude electoral del que fue víctima Colombia durante las jornadas celebradas en el 2022.

Este no es un tema menor, ya que se entiende que las autoridades judiciales de las ciudad encontraron argumentos suficientes para que se evalúe en segunda instancia el mecanismo y se le permita a la contra parte presentar pruebas que rebatan las afirmaciones realizadas por la «Fuerza Antifraude», lo que permite deducir de la contundencia de los documentos allegados a la justicia y que dejarían en evidencia que tanto el ente electoral, la Registraduría, como los demás involucrados, incluido INDRA podrían haber influido en el resultado electoral.

Esto no implica que se haya ganado la guerra, es tan solo un paso más en la batalla por la defensa de la democracia colombiana y que implica enfrentarse a titanes, como INDRA que incluso han amenazado a las directivas de la iniciativa con adelantar acciones judiciales, solo por el hecho de investigar la verdad de lo ocurrido en la jornada electoral del pasado 19 de junio.

Todavía hay por delante procesos que deben esperar la determinación del Tribunal donde se discute en segunda instancia la acción de tutela, pero los miembros de «Fuerza Antifraude» celebran este nuevo paso en el camino como un triunfo que los acerca al cumplimiento de su objetivo de defender la democracia y porque no, lograr unas nuevas elecciones, libres, transparentes y democráticas.

Estos procesos electorales han dejado en Colombia una incertidumbre electoral que se ve reflejada en todos los ámbitos sociales y que ha llevado a la ralentización de la economía y de los proyectos y programas empresariales.

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