Los comerciantes y empresarios de Santa Fe de Antioquia están desesperados. A las cada vez más recurrentes extorsiones, se suma el clima de zozobra que se vive en la población del noroccidente antioqueño, por cuenta de los grupos armados y delincuenciales que asechan la ciudad.
Hay que decirlo con claridad: las extorsiones van en aumento en el municipio. Los comerciantes son contactados para notificarlos de la «contribución» que deben hacer al Clan del Golfo, la cual oscila entre los 500 mil y los 20 millones de pesos, dependiendo del éxito del negocio, lo que hace que se vislumbre en el panorama una crisis monetaria y social, pues el motor económico está siendo asfixiado por la extorsión y por las deficientes condiciones de seguridad en Santa Fe de Antioquia.
Las noticias sobre un «plan pistola» contra la Policía, se conocen con rapidez en todo el país, lo que desestimula el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso del municipio. De hecho, la problemática de seguridad va en ascenso, debido a la disputa territorial entre el Clan y los grupos de delincuencia común que se han organizado para ejercer sus actividades ilícitas en Santa Fe de Antioquia.
Esta confrontación de dos factores de inseguridad y violencia ha terminado por esparcir la desconfianza e incluso la paranoia en todos los rincones del municipio, pues al fin de cuentas, la población está en medio de dos amenazas: el Clan del Golfo y la delincuencia común, quienes haciéndose pasar por el temido cartel del narcotráfico, exigen las «contribuciones» aprovechando el temor que despierta la agrupación del extraditado «Otoniel» en la ciudadanía.
Ante la escalada de violencia y el incremento de las extorsiones, el Ejército y la Policía han venido adelantando una serie de operativos que han terminado con capturas, neutralizaciones y también con la incautación de alijos de droga relacionados con el Clan del Golfo.
Modus Operandi
IFMNOTICIAS.COM logró contactar a una fuente del Clan del Golfo, quien aseguró que esa organización rechaza la extorsión a la que están siendo sometidos los comerciantes del municipio. En este sentido, la fuente señaló que las extorsiones son realizadas por delincuentes comunes que se hacen pasar como miembros del Clan, lo que enrarece aún más el ambiente de confusión y la percepción de inseguridad que se vive en Santa Fe de Antioquia.
Asimismo, la fuente indicó que el Clan solo pide dinero en diciembre, para comprar regalos para los niños del municipio, por lo cual, invitó a los santafereños a negarse a las extorsiones y a reportarlas de inmediato a las autoridades. Aunque esa es una visión eufemística del accionar delincuencial del Clan del Golfo, lo cierto es que la ciudadanía está pidiendo a gritos una intervención que les permita recuperar la paz y la concordia que siempre ha caracterizado a quienes habitan uno de los pueblos más bellos de Colombia.
Esta versión fue corroborada por los comerciantes, que incluso ya hablan con tranquilidad de la situación que están viviendo y de las extorsiones de las que son víctimas, como quien habla del clima. Sin embargo, se niegan a denunciar por temor a represalias de estos grupos delincuenciales que podrían desembocar en ataques contra sus comercios o, pero aún, contra sus familiares o contra ellos mismos.
Los comerciantes afirman que la extorsión del Clan del Golfo es solo en diciembre y de esa manera se había pactado, al punto de que las ventas de vehículos y concesionarios que funcionan en el municipio afirman que a final de cada año, un delegado del grupo delincuencial se acerca para llevarse un vehículo, sea carro o moto, como parte del pago que deben hacer y el «aporte» a la causa de estos delincuentes.
Según testimonios de algunos comerciantes, para pactar estas extorsiones, el Clan del Golfo ha llevado a las víctimas a una zona de Sabanalarga, en donde son esperados por hombres armados que los adentran en el campo y tras horas de caminata se encuentran con los jefes, quienes les explican cuál es el pago que deben hacer. Así, el grupo criminal evita hacer llamadas extorsivas a sus víctimas y de esta manera ser seguidos o interceptados por las autoridades.
Cuando necesitan establecer contacto con las personas extorsionadas, mandan emisarios que previamente han sido identificados como miembros de la organización. Luego, en esas reuniones, que se adelantan en medio de la zona rural de alguno de los municipios de la región, se les fija la cuota o la forma en la que tienen que pagar su «contribución». Este modus operandi viene funcionado desde antes de la pandemia y solo se recoge en diciembre, por lo que indican que las extorsiones de las que son objeto actualmente no viene del Clan del Folfo sino de delincuencia común, versión confirmada por fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Muchos de los comerciantes que han pagado las actuales extorsiones temen por su vida, la de sus familias o la integridad física de sus negocios, por lo que se han negado a interponer una denuncia formal ante las autoridades, lo que dificulta establecer las rutas para combatir el delito y el número exacto de víctimas que están padeciendo este flagelo, sobre todo porque los delincuentes amenazan con represalias en caso de que den aviso a entidades como el Gaula Militar o de la Policía.
Los delincuentes, incluso, en algunos casos, obligan a empleados de los mismos comercios a llamar a sus jefes con el fin de que las llamadas sean rastreadas y a partir de ahí comienzan a realizar los pedidos de dinero, iniciado con un monto de 20 millones de pesos o más para empezar la negociación y llegar a una cifra que se adapte a la capacidad de pago de la víctima, quien procede a pagar con el fin de proteger a sus cercanos, empleados y a su negocio.
A tal punto han llegado las presiones criminales, que algunos de los comerciantes han tenido que salir del territorio y otros, que no vivían allí, no han podido volver por temor a que su vida se vea en peligro gracias al accionar de los grupos delincuenciales. Las extorsiones se han ido extendiendo, incluso, hasta los propietarios de fincas de recreo, las cuales, muchas veces son puestas en alquiler a través de plataformas digitales. Estos delincuentes se comunican con los dueños y les cobran la extorsión a cambio de seguridad, y en caso de que no la paguen, como le contó a IFMNOTICIAS.COM una de las víctimas, llegan hasta estos lugares y a «punta de pistola» despojan de sus bienes a quienes estén disfrutando del lugar, en algunos casos turistas desprevenidos.
En este momento Santa Fe de Antioquia está inmersa en dos conflictos: el que trae la presencia del Clan del Golfo en las zonas aledañas al municipio y que se hace notar con acciones puntuales como el asesinato de una patrullera de la Policía en el casco urbano, como retaliación por las acciones de la fuerza pública en contra del grupo armado ilegal, y el otro es el actuar de la delincuencia común que se ha diseminado por el territorio como una plaga a través de la extorsión, apalancado en el miedo generado por los actores que se mueven en la región.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Según fuentes de la fuerza pública con las que se comunicó IFMNOTICIAS.COM, el Clan del Golfo tiene el occidente del departamento como un corredor estratégico hacia el Urabá por lo que su presencia en la ciudad madre no sorprende a las autoridades y es la razón por la cual han aumentado los operativos, las capturas y los golpes que debilitan a la estructura ilegal organizada, pero que implican que los delincuentes adelanten un «plan pistola» con acciones puntuales en contra de la fuerza pública que ya ha cobrado la vida de 11 miembros de la misma en lo que va corrido del año.
Con los constantes golpes y seguimientos a la estructura criminal del Clan del Golfo se espera que esta se debilite hasta que la fuerza pública logre retomar el control del territorio, lo que implica un trabajo importante de inteligencia y de acercamiento a la ciudadanía que pueda brindar información que permita capturas e incautaciones en la región.
Por otro lado, según fuentes de policía consultadas por IFMTNOTICIAS.COM, la única manera para combatir la extorsión de la que que están siendo víctimas los comerciantes y propietarios de hoteles y fincas de recreo de la región es denunciando ante las autoridades, pues únicamente una red ciudadana fortalecida que se apoye en instituciones como el Gaula Militar o el de Policía, permite hacer el seguimiento de las denuncias y, al mismo tiempo, guiar a las víctimas sobre las formas para enfrentar el flagelo de la extorsión.
El aire de los extorsionistas es el miedo, lo que lleva a los ciudadanos a pagar y no denunciar, de manera que la única manera de acabar con esta modalidad delincuencial es quitándoles ese poder y eso solo es posible con apoyo de las autoridades, las que, se sabe, han aumentado su presencia en la zona. En departamentos como Santander o Boyacá este delito estuvo fuera de control y gracias a ese trabajo ciudadano coordinado con las autoridades competentes, lograron erradicarlo de muchas de las regiones. Este es el mismo objetivo que persigue la fuerza pública en Santa Fe de Antioquia.
De hecho, entre las FF AA y las autoridades civiles, se espera que los ciudadanos se animen a denunciar a través de las líneas del Gaula, donde, además, las autoridades se comprometen a reservar la identidad de quien se acerca a realizar dicha denuncia, además de recibir indicaciones precisas sobre las conductas que la víctima debe asumir ante los delincuentes, lo que permite dar con ellos y judicializarlos. Según fuentes de inteligencia, muchos de estos casos de extorsión tienen su origen en cárceles y los realizan presos condenados y que tienen información obtenida a través de redes sociales o cómplices en la zona.
Las autoridades son reiterativas en la importancia de realizar la denuncia como una herramienta para acabar con la extorsión, a través de número 147 para Gaula Militar o 165 para el Gaula de la Policía.
