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Escandaloso decreto que equipara a miembros de Farc con magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue firmado por Santos un día antes de dejar el mando

Santos Equiparó los derechos salariales de un `delegado´de las FARC ante el CNE con el de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a un día de abandonar el mandanto

COLOMBIA. Se continúan conociendo decretos sorpresa que el expresidente Juan Manuel Santos firmó el último día de mandato y de espaldas a los colombianos, negando la posibilidad de decisión del nuevo gobierno de Iván Duque amarrado de esta forma el futuro del país.

Es así como un polémico decreto equipara el sueldo del delegado de la Farc ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los mismos términos, derechos y beneficios que tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. (Ver decreto abajo)

Es decir, el presidente le dejó a quien ostente ser delegado del nuevo partido de la Fuerza Alternativa Revolulcionaria del Común (Farc), ante el CNE, un sueldo de 32’542.129 pesos, a los que se le deben aplicar los beneficios al ser equiparados con los magistrados de la CSJ y que son entre otros:

  •  Asignación mensual.
  • Gastos de representación.
  • Prima de servicios.
  • Bonificación por compensación.
  • Bonificación por el cargo.

A esto debe sumarse la prerrogativa que obtiene a pensión vitalicia a la que tienen derecho los exmagistrados y los privilegios de ley como trabajador del Estado en la calidad de servidor público con los beneficios del sector justicia.

Así, la retribución que le dejó Santos al delegado de las Farc supera lo ganado, incluso, por los polémicos salarios de los congresistas, ascendiendo solamente en el sueldo base, cercano a los 500 millones de pesos anuales, sin contar los beneficios.

El decreto corresponde al 1499 del 6 de agosto de 2018, un día antes a terminar el mandato, y para ello se prestaron quienes firmaron en nombre del presidente, Guillermo Rivera, exministro del Interior, Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y Liliana Caballero Durán, exdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En los últimos días el expresidente Santos hizo una ‘firmatón’ de decretos que han causado polémica, entre ellos los que hizo para acomodar en puestos diplomáticos a sus amigos y excolaboradores, así como el que rubricó a último minuto y en el que decidió reconocer a Palestina como un Estado Independiente cuando había dicho que no lo haría.

Como estos apresuró varios decretos más para los indígenas, minorías étinicas, medioambiente entre otros, ordenando normas que no se atrevió a hacer durante los 8 años de gobierno. El problema es que varios de esos decretos dictan normas que no cuentan con presupuesto asignado y que jamás fueron consideradas dentro del plan de desarrollo ni de Planeación Nacional.

Si bien a la luz del derecho colombiano parece que los decretos son legales, lo que llama la atención de los observadores es la concepción ética y la implicación que tiene en la limitación de decisión del nuevo Gobierno, algo que es tomado como un irrespeto político, irresponsabilidad y de acción de mala fe, dijo uno de los analistas consultados.

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