En una polémica declaración durante la conmemoración de los ocho años de la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de presentar un proyecto de ley en el Congreso para la creación de un «tribunal de cierre».
Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que este tribunal sería la instancia definitiva para «conocer la verdad completa» del conflicto armado en Colombia.
Petro enfatizó que su propuesta busca incluir no solo a guerrilleros y militares, sino también a narcotraficantes, políticos y civiles involucrados en el conflicto armado.
Según el presidente, los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón contemplaban esta posibilidad, y cuestionó por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha avanzado en esa dirección.
“¿Dónde queda la verdad en Colombia? El proceso de paz dice que debe haber una sola instancia de verdad en el país. Yo le llamo un tribunal de cierre. Las sentencias de las diversas Cortes tratan de negarlo, pero están en el acuerdo de paz. Luego, aquí hay un tema normativo que debemos asumir. ¿Construimos un tribunal de cierre de la verdad en Colombia o no?”, afirmó Petro.
El presidente insistió en que este tribunal sería una «JEP poderosa» que abarcaría todos los actores del conflicto, incluyendo a los narcotraficantes, quienes, según él, están contemplados en los acuerdos de paz.
La verdad como excusa para incluir al narcotráfico
La propuesta del mandatario ha generado rechazo, especialmente por la intención de incluir a los narcotraficantes bajo el manto del tribunal de cierre. Petro acusó a la JEP de rechazar declaraciones de narcotraficantes y a otros tribunales de obstaculizar su llegada, argumentando que esto viola lo pactado en los acuerdos de paz.
“Dice el acuerdo de paz, y narcotraficantes incluidos. ¿Esto es para discutirlo o es para cumplirlo? Porque si en el acuerdo de paz dice que los narcotraficantes están incluidos, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué la JEP está rechazando declaraciones?”, cuestionó el presidente.
Críticas al manejo de la justicia transicional
La propuesta del mandatario no solo pone en entredicho el propósito original de la JEP, sino que también amplía el debate sobre los límites de la justicia transicional.
Expertos y críticos han señalado que la inclusión de narcotraficantes desvirtúa los objetivos del sistema, diseñado exclusivamente para actores del conflicto armado, y no para quienes utilizaron la guerra como fachada para actividades ilícitas.
Petro fue más allá, afirmando que ni siquiera el máximo tribunal de justicia en Colombia podría modificar lo pactado en los acuerdos, pues estos son, según su interpretación, una «declaración unilateral del Estado» de cumplimiento obligatorio.
Un camino lleno de interrogantes
Aunque el presidente plantea esta iniciativa como una solución para alcanzar la «paz total», sus declaraciones dejan más dudas que certezas. ¿Será este tribunal un intento por reescribir los acuerdos de paz a conveniencia? ¿Qué implicaciones tendrá para las víctimas, quienes han reclamado justicia y reparación durante años?
El debate en el Congreso promete ser intenso, mientras la ciudadanía y los sectores políticos cuestionan si esta propuesta contribuirá realmente a la verdad y la reconciliación, o si, por el contrario, abrirá la puerta para legitimar a quienes lucraron del conflicto sin consecuencias. Una pregunta final es por qué Petro insiste en proteger a narcotraficantes y paramilitares.
