Por Santiago José Castro
En Colombia hay mucho por hacer en materia de cobertura y calidad de la educación en todos los niveles. Mucho se habla y promete con relación a matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 en la educación superior y de la gratuidad de la educación obligatoria en las instituciones del estado. Poco se ha vuelto a hablar con relación a los cientos de miles de niños y niñas que hoy están fuera del sistema educativo o de los cientos de miles de jóvenes que terminan el bachillerato sin poder acceder a programas de formación técnica o de educación profesional. En año electoral es normal que se ofrezcan salidas populistas de tipo “todos podrán estudiar”. El asunto es mucho más complejo que esas expresiones de cajón que logran mover a los incautos.
La educación pública en Colombia no está en riesgo de privatización, como gritan algunos agitadores. De hecho, si aterrizamos el concepto de privatizar y lo asumimos como el control que de un bien o servicio público logra un grupo determinado que vela por unos intereses particulares, tendríamos que decir que la educación pública ya se privatizó, pues ha sido imposible que los padres de familia y la sociedad realmente jueguen un papel central, quedando en mano de algunas facciones que controlan importantes sindicatos y que han demostrado su capacidad para suspender actividades, a pesar de lo que claramente estipula el artículo 56 de la carta política cuando garantiza el derecho a huelga “salvo en los servicios públicos esenciales”, tal como lo es el derecho a la educación, que en el artículo 67 de la misma carta se define como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”.
Incluso el artículo 68 de la Constitución consagra que “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación” y que “Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores”. Ambos asuntos pueden cimentar una política de libertad en la educación y de transferencias a la demanda, para que las familias más pobres definan si quieren que sus hijos estudien en instituciones privadas o públicas, a las que el estado les reconocería el mismo valor por alumno.
De hecho, como lo recuerda en su reciente carta semanal el economista Martín Jaramillo, a propósito de los aportes de quienes obtuvieron este año el premio nobel de economía; en un artículo publicado en la revista The American Economic Review en 2002, Joshua Angrist y otros concluyen que el apoyo a la demanda puede ser una forma costo efectiva de mejorar el rendimiento y los logros académicos de los estudiantes. El sistema de vouchers, de bonos, para que las familias decidan a qué colegio dar esos recursos para la educación de sus hijos.
Educación pública sin elección pública sobre el tipo de educación, de institución educativa, termina siendo educación privada de la libertad y en manos de un sector específico.
¿Podremos reversar este asunto?
Amanecerá y veremos
