INTERNACIONAL
Así lo reseña la Radio Canadá Internacional en un informe del periodista Luis Alberto Laborada y bajo el título “Repudian a candidato a embajador de Colombia en Canadá.
Las organizaciones, entre las que se cuenta el Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), la Alianza de Solidaridad y Acción Por Colombia (CASA) y Minning Watch Canada, expresaron su repudio al nombramiento como embajador colombiano en Canadá de Jorge Londoño de la Cuesta, ex funcionario del ente estatal Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Ese organismo tuvo a su cargo la supervisión del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, al que se señala como el origen de un importante daño ambiental y el motivo de violaciones a los derechos humanos en la región.
Organismos de derechos humanos habían pedido proteger el área inundada. Foto: Joaquín Sarmiento/AFP vía Getty Images.
Pedido de anulación
En una carta abierta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, y al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François Philippe Champagne, los firmantes expresaron su repudio al nombramiento de Londoño, al que señalan como “carente de buen juicio” y responsabilizan por el “dolor e injusticia que ocurrieron mientras fue funcionario” de la gerencia de EPM.
El megaproyecto hidroeléctrico, en cuyo financiamiento participaron capitales canadienses, fue llevado a cabo a pesar de la oposición por parte de las comunidades afectadas, que desde el inicio de la obra denunciaron corrupción y violación de los derechos humanos, así como el daño que la iniciativa implicaba para el mediombiente local.
Jorge Londoño de la Cuesta se encuentra a la espera de su confirmación. Foto: CDHAL
Jorge Londoño se desempeñó como gerente de EPM hasta diciembre de 2019, cuando presentó su renuncia, y tuvo a su cargo la supervisión del proyecto.
En 2018 la represa sufrió un desperfecto mayor, cuando se produjo la rotura de un túnel que colapsó, provocando inundaciones y la evacuación de miles de personas en el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia.
Según los firmantes, cerca de 130.000 pobladores siguen desplazados, sin poder volver a su lugar de residencia original.
La zona que resultó afectada por la represa. Imágen: Movimiento Ríos Vivos.
Investigaciones llevadas a cabo luego de la tragedia confirmaron que el túnel derrumbado no formaba parte del proyecto original, pero que su construcción fue aprobada por el ente regulador para poder acelerar las obras del complejo, a pesar de la oposición de la propia junta de asesoría técnica del proyecto.
La aprobación a la modificación de los planes originales se otorgó un año antes de obtener la licencia requerida por parte de las autoridades ambientales, circunstancia que los denunciantes califican como ilegal.
El texto enviado al mandatario colombiano sostiene que “las comunidades afectadas aún no han recibido una compensación adecuada por los daños sufridos como resultado de las inundaciones, que destruyeron hogares y medios de subsistencia y dejaron graves impactos culturales y psicosociales a su paso”.
El daño ambiental es sólo una de las consecuencias del proyecto. Foto: CDHAL.
La obra y su financiamiento
Hidroituango es un megaproyecto de ingeniería, que involucra la construcción y puesta en funcionamiento de una represa con 8 turbinas, capaces de generar 2.400 megavatios de electricidad.
La obra está emplazada en el departamento de Antioquia, a 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Desde 2018, la construcción se encuentra paralizada y no existen certezas de que entre en operaciones en 2025, como fue previsto por las autoridades colombianas.
El proyecto se llevó a cabo sobre tierras que se había pedido que fuesen preservadas debido a que contenían los cuerpos de cientos de víctimas de la violencia armada que sacudió al país durante décadas.
Parte del financiamiento para llevar a cabo Hidroituango tuvo su origen en Canadá.
Canadá aportó cientos de millones en financiamiento. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson
La Caja de Pensiones e Inversiones de Quebec (Caisse de Dépôt et Placement de Quebec) inivirtió 325 millones de dólares en un proyecto que ha sido denunciado ante foros internacionales por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su ejecución, incluyendo el desplazamiento forzoso de personas, a las que se expropió y expulsó de sus tierra contra su voluntad, se produjo la contaminación de terrenos que se dedicaban a la producción agrícola que era el sustento de esos habitantes y, según numerosas denuncias, se llegó a actos de violencia que en algunos casos implicaron la muerte de pobladores.
La participación canadiense en la obra llevó a diversas entidades civiles, entre ellas al Movimiento Ríos Vivos, a organizar meses atrás una gira por Canadá para pedir la desinversión en el proyecto.
Iván Duque, presidente de Colombia. Cortesía de la Presidencia de Colombia/Handout via REUTERS.
Nombramiento inaceptable
El texto de la carta pidiendo que se deje sin efecto la nominación del próximo embajador de Colombia ante Canadá dice que “EPM, encabezada entonces por el señor Londoño, violó las normas ambientales del país y realizó obras sin contar con los respectivos permisos y acuerdos con las comunidades. El señor Londoño también figura entre las personas investigadas por la Controlaría General de Colombia como presuntas responsables fiscales por las irregularidades en el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango que habrían causado un presunto detrimento de 4 billones de pesos” al país.
Francois-Philippe Champagne, ministro canadiense de Relaciones Exteriores. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld
La carta dice, además, que los firmantes temen que el nombramiento del ex gerente general de EPM como embajador en Canadá “sea una tentativa de obtener mayor respaldo político y financiero hacia el megaproyecto, que ya ha contado con una cifra considerable de recursos de la agencia gubernamental canadiense Export Development Canada (EDC) y de los fondos de pensión de la Caja de Pensiones e Inversiones de Quebec” y agrega que esta y otras iniciativas “han tenido grandes impactos en el medioambiente y en los modos de vida de las comunidades, que suelen ser alejadas de la toma de decisiones y no compensadas por los daños causados por actividades extractivas”.
Además de la firma de el Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), la Alianza de Solidaridad y Acción Por Colombia (CASA) y Minning Watch Canada, el texto enviado a la presidencia de Colombia contó con la adhesión de las entidades Lavemos las Manos Sucias de la Caja, Centro Internacional de Solidaridad Obrera, Fronteras Comunes, Consejo Central Metropolitano de la CSN Montreal e Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia – Kairos.
La publicación cita como fuente al Comité para los Derechos Humanos en América Latina.
