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viernes, septiembre 30, 2022
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Empresarios, ¡no se dejen confundir!

Por Andrés Úsuga

En un país con un nivel tan bajito de profundidad en los debates políticos o jurídicos, y donde tristemente incluso los periodistas que hacen parte de las mesas de trabajo de los medios de comunicación y dicen tener título de abogados, están tan sesgados y parcializados como cualquier ciudadano del común o partisano de a pie.

Ojalá se pueda difundir este corto escrito entre empresarios para un poco de claridad sobre un tema crucial en esta campaña política tan precaria en análisis. Los empresarios cooperativos como Colanta, Manufactureros como Cueros Vélez y Mario Hernández, Pequeños del Sector Alimentos como la panadería, restaurante y turrones Lucerna en Pereira, El Gerente de Automontaña y Docente Universitario en Medellín Nicolás Mejía y el ganadero costeño Sergio Araujo; son unos verdaderos valientes y saben y entienden su responsabilidad social empresarial.

Y lo hacen de frente y no escondidos o en reuniones secretas de clubes y de salones directivos, para garantizar ganar con cara, con sello y con canto, en las elecciones como muchas veces lo han hecho tantos industriales y empresarios que apoyan económicamente a la campaña 1 y a la campaña 2 y a la 3, para garantizar siempre estar en los afectos de quien esté en el poder público y luego se quejan en público cuando los empiezan a afectar sus políticas económicas y tributarias, o a sus sectores productivos.

Sencillito, tres situaciones para que no los intimiden a punta de Twitter o columnas o micrófonos. No es lo mismo ni es igual, decirle a un empleado que si no vota por el candidato de preferencia del empresario lo despiden (lo cual genera un despido injusto y se deberá indemnizar según las normas laborales colombianas y aparte es un delito) a decirle que si vota por ese mismo candidato tendrá algún beneficio económico (como un bono)  o laboral cualquiera como un permiso especial (lo cual incluso es un estímulo que el propio certificado de votación trae como medio día de trabajo compensatorio y muchos deciden dar el otro medio día como dádiva empresarial). El artículo 387 del Código Penal colombiano llamado constreñimiento electoral dice lo siguiente: «El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

Es absolutamente claro que jurídicamente un empresario que ofrece un beneficio laboral a sus empleados no está haciendo maniobra engañosa alguna, ya que lo está haciendo en su absoluto derecho y libertad de invitar a votar y esto no constituye delito alguno ni raya en el Código Penal, sino que se enmarca en el Código Sustantivo del Trabajo y en sus posibilidades económicas de hacerlo y en protección del futuro de su empresa o sector productivo.

Qué lástima que hay candidatos presidenciales que si bien uno entiende no son abogados y menos especialistas en Derecho penal y menos Laboral, no tienen ni siquiera unos buenos asesores para que les expliquen esto o bueno uno que confía en la buena fe, porque podría estar seguro que teniéndolos, le dicen que trine con amenazas de comisión de delitos a los empresarios valientes, para desestimular a otros a que no lo hagan y que ni se atrevan (si eso es de candidato como será de presidente).

La conclusión es que en la Constitución Política de Colombia aún existen la propiedad privada en el artículo 58 (yo hago con mis bienes lo que a bien tenga) y la libertad de empresa en el 333 (yo manejo mis industrias o empresas como crea que es conveniente).

Ojalá sigan existiendo y no llegue un presidente que uno de sus objetivos sea que estos dos artículos de suma importancia para una democracia liberal desaparezcan como en las constituciones cubana (de facto) o en la venezolana que aún están por ahí, pero en la realidad existe el «¡exprópiese!» a favor del régimen de turno. Y si, aunque suene odioso, si yo veo que un trabajador mío promueve, instiga y defiende un modelo económico (por redes o con disocies en o fuera de la empresa) contrario al que le da de comer y también insulta y agrede a quien proporciona su contrato laboral en el marco del modelo económico que se lo permite , sí tengo el derecho de terminar dicho contrato laboral como de asumir las consecuencias de pagar la indemnización por despido injusto (porque el trabajador tiene derecho a demandarme ante un juez laboral).

Eso significa que aún hay estado de derecho y seguridad jurídica. El resto es dictadura y despotismo, que es más fácil y barata, pero no más «sabrosa».

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