Por Eduardo Mackenzie
“Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (…), no le queda más remedio que renunciar”.
Esta frase, pronunciada el 2 de junio por el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, su emisión radial, aunque molestó a unos y otros en los círculos más altos del gobierno, tenía que salir, y él fue muy valiente al decirla. Ese llamado está lejos de ser una provocación o un agravio gratuito.
Londoño, quien fue ministro del Interior y de Justicia durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe, estima, como gran parte de la opinión nacional, que el manejo que Duque le ha dado a la ola de violencia insurreccional que sacude al país desde el 28 de abril ha sido inepto y que, en lugar de ponerle fin al vandalismo ha tolerado que la crisis continúe y se radicalice.
Los ataques bárbaros contra policías y edificios públicos continúan, como acaba de ocurrir, de nuevo, en Cali (Valle del Cauca) y Santander de Quilichao (Cauca), donde cuatro policías fueron asesinados en “puntos de bloqueo”, según el ministro de Defensa, Diego Molano. En medio de escenas de guerra civil, un policía, Carlos Rincón Martínez, está desaparecido y cuatro policías más fueron heridos, uno a bala, en Cali en la noche del 5 de junio, según Molano. Ese mismo día, 19 individuos fueron capturados por bloquear vías del Valle del Cauca. Las autoridades dispersaron un grupo de 200 vándalos y decomisaron bombas incendiarias, radios de comunicación, alimentos, documentación y escudos para agredir a la policía, según la revista Semana.
El puerto de Buenaventura, a pesar de pequeños signos de mejora, sigue en estado de colapso sin que las medidas de “asistencia militar” en siete departamentos y 13 ciudades, tomadas por el jefe de Estado el 28 de mayo, hayan cambiado realmente, al día de hoy, la situación del país y, sobre todo la problemática del principal puerto marítimo de Colombia, que estuvo a punto de caer en manos de la narco-subversión por errores de dos negociadores del gobierno.
La línea seguida hasta el momento por Duque ante el “comité” promotor de la huelga insurreccional es la de sentarse a “dialogar” con él un “pliego” de 31 puntos que el país no conoce en su totalidad. Ese pliego le costaría al país 88 billones de pesos. Duque dice: “los bloqueos no son temas de negociación”. Sin embargo, el acepta, de hecho, las dos reivindicaciones principales del octeto como son no apelar a la figura constitucional de la Conmoción Interior y dejar impunes los crímenes cometidos tanto por los que utilizan los disturbios como chantaje, como los de quienes son autores materiales de las atrocidades cometidas contra la fuerza pública y las sedes judiciales. Nadie puede decir que, fuera de unos casos esporádicos, la justicia está movilizada para sancionar a los responsables del caos subversivo.
El “comité del paro” dirige pues, en la más total impunidad, una ofensiva destinada a paralizar a Duque, quebrar la economía nacional, frustrar la campaña de vacunación anti Covid-19 y agravar la tercera fase de la pandemia, la cual ha dejado hasta hoy 90.890 muertos. Pese a ello ese “comité” cree que puede salir de este lío sin responder judicialmente por las muertes y destrucciones que ha causado. Duque nada dice sobre ese tema candente. La superchería de la “salida negociada” anula la marcha de la justicia.
¿Quién maneja los hilos de las protestas? La senadora María Fernanda Cabal estima que el octeto defiende los intereses del senador Gustavo Petro, un hombre de Nicolás Maduro, quien ha, efectivamente, incitado a los desmanes y espera ganar la presidencia en 2022. Pero agrega que quien está en la cima es el ex presidente Juan Manuel Santos.
En ese clima de impotencia, una docena de extranjeros pagados por Caracas se pasean por Colombia distribuyendo consignas y filmando falsas agresiones del Esmad. Para intoxicar a la prensa internacional, sobre el papel de las autoridades, pretendían, para dar sólo un ejemplo, ilustrar la frase “nos están matando” con la foto de un camión con cadáveres en bolsas negras como tomada en Cali. Era una foto tomada en Venezuela. Ese tipo de artificios buscan una cosa: que organismos de la ONU y de la OEA pidan al gobierno de Duque debilitar aún más la policía y las fuerzas militares. Con esa meta, el CIDH rompió la agenda que le había fijado la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y anticipó su llegada a Bogotá para realizar una “misión de inspección”. Desmantelar la Policía colombiana es lo que buscan las narco-guerrillas Farc y Eln y no solo ellas.
Iván Duque parece estar más preocupado por no molestar la sensibilidad de las Ongs izquierdistas extranjeras y de ciertos institutos, que por responder al clamor de los colombianos que no entienden cómo él no toma medidas severas para poner fin a semejante crisis. Cada día que pasa ésta tendrá consecuencias dramáticas a largo plazo para el continente.
Quizás por eso el editorial de Fernando Londoño cayó bien en el uribismo, sector político que, si bien respalda al presidente Duque, considera, al mismo tiempo, que su debilidad ante la ola de violencia es inaceptable.
Dos expresidentes, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y un ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, de tres partidos distintos, han declarado su preocupación por lo que ocurre e incluso han criticado ciertas medidas de Duque, sobre todo respecto de la situación en Cali y Buenaventura.
El 29 de mayo la senadora Cabal leyó un comunicado de los parlamentarios del partido Centro Democrático. Ese texto hace pensar que la orden del presidente de “asistencia militar” a la Policía no ha dado los resultados esperados. Piden allí medidas más eficientes: “desplegar totalmente la fuerza militar y de policía en las zonas donde hay graves amenazas contra la seguridad de los ciudadanos, reforzar la Policía Nacional, levantar los bloqueos y rechazar cualquier negociación con el comité del paro [pues] negociar con bloqueos y con violencia es continuar la destrucción de la democracia”. El senador Carlos Felipe Mejía, del CD, también pide la declaratoria de la Conmoción Interior.
El uribismo había criticado la forma como el ministro Carrasquilla, un técnico sin visión política, anunció sin mayor explicación un aumento de impuestos –lo que Duque llamó “reforma fiscal”–. Esto ayudó a los grupos extremistas. Aunque Duque retiró esa reforma, ellos lanzaron las acciones callejeras.
Cuatro días después de la declaración del CD, Fernando Londoño concluirá: “Si no hay un presidente que pueda cumplir lo que manda la Constitución que se haga a un lado y permita que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asuma la jefatura del Estado. No hay otra solución”.
Empero, la Vicepresidenta no ha tratado de crear una dinámica de convergencia entre el jefe de Estado y sus críticos. “Doctor Londoño, este es un momento en el que Colombia demanda unidad. No hace bien a la democracia propiciar fricciones. Por el contrario, nos corresponde a todos rodear al Presidente y fortalecer la institucionalidad”, replicó Ramírez.
Pero “fortalecer la institucionalidad” es lo que Londoño y el CD piden. Rodear al presidente sí, nadie niega eso, pero a condición de que esa unidad le sirva a Colombia, es decir contribuya a neutralizar los designios del Foro de Sao Paulo de apoderarse del eje Cali-Buenaventura, para estrangular la economía nacional, destrozar una veintena de ciudades y debilitar las fuerzas armadas de Colombia.
Toda idea sobre la unidad es bienvenida pero ésta, mal interpretada, puede contribuir, por el contrario, a la parálisis del Estado y a la validación de las conversaciones del gobierno con el terror subversivo.
El “comité del paro” pretende dialogar con el gobierno al mismo tiempo que sus vándalos aterrorizan las ciudades mediante balaceras, incendios y ataques bárbaros contra la fuerza pública, lo que ya dio un resultado repugnante: darle a los violentos el control de Buenaventura, el principal puerto marítimo del país.
Firmado por dos delegados de Iván Duque, ese pacto duró unas horas pero habría podido convertirse en el triunfo perenne más espectacular de la subversión de los 20 últimos años.
Ante los reclamos de Uribe y Vargas Lleras, Iván Duque anuló ese pacto suicida. Pero el orden público en Buenaventura no fue restablecido. El eje Cali-Buenaventura sigue siendo el sector más afectado por la actual ofensiva: edificios públicos y privados, autobuses y estaciones del transporte público, así como comercios, son atacados. El principal objetivo de los pistoleros son las vías terrestres y las estaciones de Policía. Hay maniobras para derrotar las fuerzas del orden en ese eje estratégico (1).
El decreto de “asistencia militar” a la policía ha permitido retirar algunas barricadas y organizar más de mil caravanas de camiones y otros vehículos por algunas vías nacionales. Sin embargo, ese despliegue no ha quebrado el espinazo insurreccional. Los encapuchados siguen haciendo retenes en el Valle del Cauca, en el Cauca y mantienen aislado Villavicencio y la vía a los Llanos Orientales. Una semana después el país no ha recuperado el terreno perdido en las cuatro horrorosas semanas. Y ahora algunos jueces intentan revocar el decreto de “asistencia militar”.
Si Marta Lucía Ramírez pide unidad ¿por qué ella no respalda las grandes manifestaciones pacíficas de la ciudadanía en Cali, Medellín, Bogotá, contra el paro y en defensa del Esmad y la Policía, y que piden, además, la revocatoria de los alcaldes de esas tres capitales?
Desde el pasado 28 de abril, las protestas, bloqueos de calles y carreteras han causado la muerte de 27 personas, entre ellos dos bebés. Más de 2.000 personas han sido heridas, entre ellos 1 253 policías (con armas de fuego, explosivos, cuchillos y piedras), según un balance del ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación. Sólo en Bogotá 677 bienes de la policía fueron vandalizados: 536 vehículos, 138 cuarteles y 1 dispensario médico.
Juzgados han sido atacados e incendiados en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Tuluá, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio. Los daños, sin el caso de Tuluá, ascienden a 1.800 millones de pesos.
El siniestro “comité del paro” que desató esta ola de violencia contra el pueblo no representa sino a un puñado de extremistas. No obstante, ha logrado paralizar al presidente Duque. La prensa repite que las “negociaciones” de éste con tal “comité” no han llegado a nada. Ojalá eso fuera cierto. En realidad, el presidente se somete tácitamente a la principal exigencia del “comité” de no declarar el estado de Conmoción Interior, que la Constitución contempla para estos casos.
A cambio de eso, Duque toma medidas ambiguas que no hacen sino prolongar la crisis.
En vista de ese estado de cosas, “el tema fundamental, dijo Fernando Londoño, es el uso de la fuerza para hacer cumplir el derecho”. Agregó que “el puerto de Buenaventura se tiene que desbloquear por las buenas o por las malas. Esto no se hace con visiticas, con saludos, con golpecitos de puño a los amigos y con sonrisas. No, esto se hace con la seriedad que el país demanda”.
Londoño no hace más que formular lo que piensan las mayorías: que el orden público debe ser restablecido al precio que sea para derrotar la ofensiva madurista contra Colombia y salir de la crisis sanitaria del Covid-19, que las corridas vandálicas han agravado tanto.
El “comité del paro” anuncia la “toma de Bogotá” para el próximo 9 de junio. Esta forma de delincuencia se cree por encima de la ley y de las normas básicas de la convivencia humana, como sería evitar que una pandemia mortal siga sembrando la muerte entre los colombianos. Acostumbrados a golpear a Colombia y salir sin un solo reproche de parte del gobierno, esos individuos aceleran. ¿Qué está esperando el presidente Iván Duque para inspirarse en la Constitución para combatir el octeto de la muerte?
(1).- Ver mi artículo sobre ese tema https://ifmnoticias.com/el-eje-cali-buenaventura-objetivo-estrategico-del-narco-terrorismo/
