Por: Saúl Hernández
¿Qué otra cosa salta a la vista, en las discusiones sobre el salario mínimo o la vacuna anticovid, que la falta de racionalidad?
Han pasado setenta años y esa reflexión parece estar más vigente que nunca. Cassirer podría usar la expresión «fake news», en vez de «pensamiento mítico», o hablar de simple manipulación. ¿Qué otra cosa salta a la vista, en las discusiones sobre el salario mínimo o la vacuna anticovid, que la falta de racionalidad?
Cada vez hay más personas que abandonan su buen criterio y el sano sentido común para ejercer una especie de retorno a la edad de la inocencia compartiendo por las redes sociales mensajes absurdos que parecen dignos de un niño de siete años. Cuando se habla del salario mínimo, por ejemplo, la gente piensa es en los grandes potentados de nuestra exangüe economía, como los Sarmiento, los Santodomingo o los Ardila. Siempre se olvida que el 96% de las empresas son mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas), mientras que solo el 3% son grandes compañías. En otras ocasiones he mencionado que si se repartiera la fortuna de Sarmiento Angulo, de US$ 11.000 millones, a cada colombiano le tocarían 840.000 pesos, que es menos del mínimo actual.
Nadie se acuerda que el dueño de la tienda de la esquina es un empresario, que el que tiene un taxi es un empresario, que la señora que hace buñuelos y manjar blanco es una empresaria, que el zapatero remendón que trabaja en una esquina, bajo la lluvia y el sol, es un empresario. Entonces, si bien parece justo exigir un aumento grande —digamos, el 14%— que para los «ricos» es como quitarle un pelo a un gato, para el dueño de la tienda o para el zapatero termina volviéndose un problema porque no le es posible ofrecer semejante aumento a sus ayudantes, a menos que sea en términos informales, con un salario por debajo del mínimo.
¿Acaso alguien reenvió por WhatsApp, esta semana, la noticia de que la población activa que devenga hasta un salario mínimo es del 63,8%? Peor aún, que la población que gana hasta 0,9 salarios mínimos es del 48,6%, o sea ¡la mitad de los colombianos!, y que en 2019 había sido del 43,2%, por lo que se colige que cada reajuste deja gente por fuera de la economía formal. ¿Se imaginan lo que ocurriría con un incremento del 14%? Seguro que tampoco se enteraron de un listado de 63 empresas que solicitaron permiso para hacer despidos colectivos.
Suena muy bien el cuento que esgrimen los sindicalistas de que un aumento generoso del mínimo estimularía el consumo a tal grado que los empresarios tendrían que aumentar la producción y contratar a más personal, lo que a su vez inyectaría más circulante en la economía y, por tanto, mayor demanda de bienes, generando un círculo virtuoso. Pero la realidad muestra otra cosa. Los incrementos del mínimo, sobre todo cuando superan la capacidad de los empresarios, se ven reflejados en el aumento de los precios: todo sube aun en proporción mayor, convirtiendo el aumento en humo.
El otro efecto nefasto es el de la inflación, que cuando se desborda provoca verdaderos terremotos sociales. Aumentar desproporcionadamente el dinero en circulación sin que haya suficientes y pertinentes bienes y servicios qué demandar puede ser más destructivo que una guerra o un desastre natural, más cuando se viene de un año en el que el Producto Interno cayó cerca de un 8% y numerosos sectores de la economía pararon o cerraron definitivamente.
Seamos serios, un aumento prudente no es un favor que se le hace a los grandes capitales porque en las grandes empresas se pagan salarios muy por encima del mínimo legal. Más bien es una decisión consecuente con nuestra realidad económica y con la capacidad de pago de una mano de obra poco calificada por parte de un endeble sector empresarial poco competitivo y poco productivo. Eso se entendería mejor si se antepone la razón a la ilusión.
EN EL TINTERO: En lo único en lo que no podía equivocarse el gobierno de Duque es en el tema de la vacunación contra el coronavirus. Es obvio que países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá tomaran la delantera, pero México también empezará a vacunar este mes mientras Colombia solo oiniciará en abril con la población de riesgo y apenas en 2022 se hará con el resto de la gente, de acuerdo con información del Ministerio de Salud. Una dilación grave e inaceptable que convierte la ley tramitada en un saludo a la bandera. ¿Va a cargar este gobierno con la responsabilidad de los que mueran en esa larga espera? Sin duda, una torpeza que facilitará el ascenso de la izquierda en 2022.
