Por Isaac Mendoza
Desde el pasado 28 de julio se tramita en el Congreso de la República una ley que buscaría reglamentar la participación política de los alcaldes y gobernadores en ejercicio, materia que hasta la fecha cuenta con una prohibición constitucional genérica y que ha servido de debate particularmente desde que el alcalde de Medellín fue suspendido por la Procuraduría en el marco de las elecciones presidenciales del presente año.
Dicha ley, de la que el alcalde se ha reconocido promotor a través de dos congresistas liberales que le son muy cercanos, esencialmente estaría encaminada a permitir la participación político-electoral de los alcaldes y gobernadores aún cuando se encuentren ejerciendo como servidores públicos, de modo que la neutralidad atribuida a la investidura de quien es electo para representar los intereses de toda una ciudad o departamento se vería marginada a ser un asunto del pasado.
Dar la discusión jurídica es importante, eso no se niega, y menos aún comprendiendo que la Corte Constitucional ha determinado ya el grado de alcance que tiene la participación electoral del presidente de la república en el marco de la ya proscrita reelección, o que en numerosas ocasiones la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre el asunto y de igual manera el Departamento de Función Pública. Lo que creo, sin embargo, es que más que jurídicas, las consecuencias de que una ley como la promovida por Quintero sea expedida serán, en realidad, políticas.
Ya mucho tiempo los alcaldes y gobernadores contaron con la libertad para ejercer política electoral en Colombia, y los resultados no fueron sino horrorosos para nuestra institucionalidad. La politización de la administración estaba a la orden del día, y la persecución del adversario utilizando no sólo el poder político del alcalde, sino el poder administrativo, fue la regla general en la política local (y nacional, pero eso es otro asunto).
Nada nos garantiza que no volvamos a semejante panorama de destrucción sistemática del opositor, mucho menos si el poder administrativo de nuestras ciudades es encabezado por sujetos de la calaña de Daniel Quintero, quien no sólo desprecia profundamente el sistema democrático (¿O no ha hecho hasta lo imposible por impedir que ejercicios legítimos de democracia como la revocatoria sean realizados?), sino que si de él dependiera concentraría todos los poderes con el fin de destruir quienes se le oponen y materializar sus nefandos intereses.
Si una ley como la propuesta es intrínsecamente peligrosa para la institucionalidad y la democracia como bien lo podemos acreditar al consultar como era la Colombia de hace 35 años, lo es más al quitarle límites legales a personajes como el señor Quintero para que hagan y deshagan, de voz y obra, desconociendo la responsabilidad casi sacramental que subyace en cabeza de quien ostenta un cargo como una alcaldía.
Se equivoca el señor Quintero al afirmar que un alcalde, antes que alcalde, es político, pues tal cosa sería aceptar que la política es un fin en sí mismo para quien desea ocupar cargos de elección popular. La política es un medio para llegar a un fin: para materializar los intereses de la ciudadanía, y para llevar a cabo el programa de gobierno que más convenció gente. Quien es alcalde es alcalde por eso, y al serlo debe abandonar sus intereses personales y comprender que ya no es más “el político x o y”, sino el representante de absolutamente todos los ciudadanos, cosa que es imposible si se propende por el ejercicio electoral antes que por el bienestar ciudadano. Un alcalde es alcalde, y después político, pues sus propios intereses políticos deben verse subyugados al interés general.
