Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a cuatro nicaragüenses, incluida una hija del presidente Daniel Ortega, y Washington advirtió que continuará usando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del gobierno de izquierda a los que acusa de socavar la democracia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición arrestados durante la semana pasada en lo que llamó una “ola de represión”.
“Como demuestran estas sanciones, hay costos para quienes apoyan o llevan a cabo la represión del régimen de Ortega”, dijo Blinken en un comunicado.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad y responsabilidad, así como a elecciones libres y justas”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a la hija de Ortega, Camila Ortega Murillo, quien también es una alta funcionaria del gobierno, y a otras tres personas a las que acusó de apoyar al gobierno que, según Washington, ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos y promulgado leyes represivas.
El Tesoro dijo que Camila Ortega administraba la estación de televisión Canal 13, un medio de comunicación familiar al que acusó de difundir propaganda, mientras que el presidente “utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes rivales”.
También afectados con sanciones están: Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Edwin Ramon Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, General de Brigada del Ejército de Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar.
El gobierno y el ejército de Nicaragua no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las sanciones.
La acción del miércoles congela los activos estadounidenses de los incluidos en la lista negra y, en general, prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos.
La policía nicaragüense detuvo a dos posibles aspirantes a la presidencia el martes, luego de dos arrestos similares de políticos de la oposición en días anteriores.
Declaraciones policiales acusaron a los políticos detenidos de trabajar con financiamiento externo para llevar a cabo “actos de terrorismo y desestabilización”, sin dar detalles.
El miércoles por la noche, la policía rodeó la casa del exdirector de la Cámara de Comercio Estadounidense de Nicaragua, Mario Arana, según un familiar que habló con Reuters.
Una orden policial que circuló en los medios locales con los datos personales de Arana describió sus “crímenes” como “comprometer la paz o la dignidad de la república”.
El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios sobre el documento.
Organizaciones internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han acusado al gobierno de Ortega de fabricar acusaciones falsas contra opositores.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estaba muy preocupado por los recientes arrestos en Nicaragua y la invalidación de las candidaturas de los líderes de la oposición, dijo el miércoles a la prensa el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.
“Estos desarrollos pueden socavar seriamente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre”, dijo Dujarric, y agregó que Guterres pidió a las autoridades que respeten plenamente las obligaciones internacionales de derechos humanos y liberen a los líderes políticos.
