En el actual sistema electoral colombiano, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que buscan inscribir candidatos a corporaciones públicas bien sea ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara o senadores deben indicar de manera expresa si la lista que presentan es cerrada o si permite el voto preferente. Esta decisión determina el modo en que se eligen y asignan las curules, así como la dinámica interna de cada colectividad.
En una lista cerrada, el elector vota por la lista en su conjunto y no por un candidato específico. Esto significa que el partido define previamente el orden de los aspirantes, y las curules obtenidas se asignan siguiendo ese orden. En otras palabras, el peso recae en la propuesta programática y en la responsabilidad del partido para organizar democráticamente su oferta electoral.
Por el contrario, cuando se habilita el voto preferente, el ciudadano puede escoger directamente al candidato de su preferencia. En este sistema, la lista se reorganiza según la cantidad de votos individuales obtenidos por cada aspirante, y las curules se adjudican de manera descendente, privilegiando a quienes recibieron un mayor respaldo popular. Aunque este mecanismo amplía las posibilidades de elección directa, también introduce dinámicas particulares en la competencia interna de los partidos.
En la elección del Senado única circunscripción de carácter nacional, la mayoría de colectividades optan por listas cerradas. Sin embargo, cuando se habilita el voto preferente en este nivel, se generan desafíos adicionales. Debido a la amplitud territorial, muchos candidatos deben buscar apoyos en zonas donde no tienen presencia previa, lo que históricamente ha favorecido prácticas contrarias a la ley, como la compra de votos o el respaldo a listas de Cámara diseñadas exclusivamente para aportar votos y no para competir efectivamente en sus territorios.
Estas dinámicas también han consolidado estructuras políticas regionales con gran capacidad de movilización electoral, conocidas como maquinarias o baronazgos. Diversos analistas y organismos de observación electoral han señalado cómo el voto preferente tiende a incrementar los costos de campaña y a fortalecer relaciones clientelistas, factores que dificultan la transparencia y pueden abrir espacios para la corrupción.
No obstante, la simple exigencia de que todas las listas sean cerradas no garantiza por sí sola una transformación profunda. También sería necesario que los partidos implementen procesos internos democráticos, transparentes y libres de presiones indebidas, para evitar que las prácticas cuestionadas migren hacia sus mecanismos de selección interna.
El debate sobre las listas cerradas continúa abierto y forma parte de las discusiones sobre una eventual reforma político-electoral orientada a fortalecer la representación, reducir costos de campaña y promover mayor transparencia en el sistema democrático del país.
