El Gobierno Nacional y el grupo armado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que permitirán la transición de sus integrantes hacia la vida civil en los departamentos de Chocó y Córdoba a partir del 1 de marzo de 2026.
Según la información desde Doha, Catar, se anunció la decisión en el marco de los espacios de negociación sociojurídica que adelantan ambas partes, allí se reunieron los delegados del Gobierno y del EGC, con el acompañamiento de los países mediadores: Catar, España, Noruega y Suiza.
Durante el encuentro, las partes suscribieron un documento que recoge nuevos compromisos orientados a la construcción de paz en las regiones donde esta estructura armada tiene presencia. Estas acciones se desarrollan conforme a lo establecido en el Espacio de Conversación Sociojurídico.
Uno de los principales anuncios fue la ampliación del área de implementación de acciones piloto. En septiembre se habían definido los municipios de Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Con el nuevo acuerdo, se integran Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), así como Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia), y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).
Se conoció que la ampliación permitirá que las iniciativas contempladas en el proceso tengan mayor cobertura territorial y se desarrollen con participación comunitaria y se establece mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos asumidos.
Es de indicar que esta labor estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), que ya ha acompañado otros procesos de diálogo y desescalamiento en el país. Esta instancia se encargará de observar el cumplimiento de las obligaciones acordadas y de apoyar el desarrollo progresivo de las medidas pactadas en los territorios priorizados.
Además, se acordó impulsar gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarias para la implementación de las acciones definidas. Estos aspectos están enmarcados en el “Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha”, que orientará el despliegue de capacidades para garantizar el funcionamiento de las ZUT y el avance de los compromisos asumidos por las partes.
Para la puesta en marcha de las ZUT, el Gobierno deberá expedir un acto administrativo que establezca formalmente su constitución, la localización precisa de los sitios rurales y el listado de integrantes del EGC que ingresarán a dichos espacios. Este registro será complementado de manera progresiva en la medida en que avance el proceso.
El acuerdo también indica que la ubicación de los miembros del EGC implicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, durante el periodo acordado y bajo los parámetros establecidos en el marco de verificación.
