La sesión conjunta de las comisiones económicas para discutir la reforma tributaria del Gobierno fue aplazada nuevamente en el Congreso. La Comisión Tercera anunció que el encuentro, previsto inicialmente para las 8:00 a. m. del jueves 27 de noviembre, se reprogramó para después de las 3:00 p. m., lo cual obligó a reacomodar la agenda legislativa.
La directiva de la Corporación señaló que el ajuste busca garantizar la asistencia de los congresistas a ambas deliberaciones y evitar conflictos de horario.
La reforma, presentada por el Ministerio de Hacienda bajo la figura de ley de financiamiento, pretende recaudar 3,7 billones de pesos en 2026 mediante alivios fiscales y cambios en procedimientos tributarios. Una parte central del proyecto está dirigida a contribuyentes con obligaciones pendientes, estableciendo reducciones importantes en sanciones e intereses para quienes paguen sus deudas con la DIAN antes del 31 de marzo de 2026.
Precisamente, en el debate del proyecto de reforma tributaria surgió una polémica porque según varios partidos esta quedó viciada porque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el proyecto con quórum deliberatorio y no con el decisorio, como lo establece la Ley 5 que rige al Congreso.
La iniciativa sigue sin convencer y partidos de oposición como Cambio Radical y el Partido Conservador advierten que no hay ambiente para la aprobación de este proyecto, con mayor razón cuando inicia el calendario electoral y marca el final de la administración Petro.
Por otro lado, el senador Efraín Cepeda señaló que “el Gobierno no ha ejecutado 80 billones que tiene guardados y sí quiere seguir ‘metiéndole’ la mano al bolsillo de los colombianos y a las fiducias de las regiones. Está claro que los recursos que buscan no son para obras, son para politiquería. No vamos a permitir esa irresponsabilidad”.
El articulado también contempla el restablecimiento del impuesto complementario de normalización tributaria para poseedores de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026. La tarifa prevista sería del 19%, superior a la propuesta original, y permitiría regularizar patrimonios sin sanciones ni consecuencias penales. Quienes se acojan tendrán que declarar y pagar el gravamen a más tardar el 31 de julio de 2026.
Otra medida incluida busca facilitar la corrección de declaraciones tributarias con errores o la presentación tardía de las que aún no han sido radicadas. Los contribuyentes tendrán plazo hasta el 30 de abril de 2026, con una reducción de la sanción por extemporaneidad al 15% y sin liquidación de intereses de mora. Adicionalmente, las retenciones en la fuente ineficaces deberán ser presentadas y pagadas antes del 31 de marzo de 2026 bajo las mismas condiciones de sanción reducida.
Estas disposiciones hacen parte del esfuerzo del Gobierno por cerrar un faltante de más de 16 billones de pesos en el presupuesto del próximo año. En medio de la discusión, el presidente Gustavo Petro insistió en que existe un riesgo fiscal significativo en caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa.
Durante un Consejo de Ministros, sostuvo que la no aprobación podría afectar la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros y reiteró que la reforma solo grava a los contribuyentes de mayores ingresos.
La ponencia favorable presentada el 25 de noviembre obtuvo únicamente 10 firmas de más de 30 designados, y la sesión anterior fue suspendida por falta de quórum. Desde el Ministerio del Interior se mantiene la expectativa de conseguir las mayorías necesarias, aunque persisten divisiones entre los legisladores sobre el alcance y la conveniencia de las medidas propuestas.
