Por Claudia Posada
En algún boletín informativo del Ministerio de Salud colombiano, publicado en 2016 se lee: “El consumo en exceso de bebidas azucaradas se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer de endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares, entre otros. Estas patologías se encuentran entre las principales causas de mortalidad en Colombia”. No es nuevo entonces el interés por mejorar la salud desde la nutrición, aplicando medidas fiscales que son de significativa ayuda bajo distintos puntos de vista.
Ha sido una constante en las autoridades sanitarias la insistencia en que se observen las desventajas de las bebidas con alto contenido calórico, aguas cargadas de azúcar, con anilinas y saborizantes; lo mismo que es sabido lo dañino de los “mecatos” y otros productos que sean ultra procesados. Según datos de MinSalud, el 81,2% de los colombianos consume gaseosas o refrescos asiduamente; así mismo, el 22,1% lo incluye dentro de su alimentación diaria; el consumo diario es mayor en hombres en la región central y en Bogotá.
Está comprobado que tales patologías pueden ser prevenibles mediante cambios de comportamiento enfocados hacia estilos de vida saludables entre los que se encuentra la alimentación libre de azucares. Por su parte la OMS, de acuerdo con lo que señalan en sus publicaciones institucionales, afirma que “los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental”.
No es nada nuevo, ni obedece al capricho gubernamental, la preocupación que genera la nutrición de un porcentaje de colombianos por las consecuencias en detrimento de la salud, y al final, los altos costos en atención de las enfermedades; sin duda, sería mejor para todos aceptar las medidas que acompañan el trabajo de prevención. En tal sentido, se dio un debate con expertos para tratar lo de la reforma tributaria, en particular el impuesto a las gaseosas, papas fritas, algunos embutidos; evento que se llevó a cabo a finales de agosto de este año en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y organizado por el Doctorado en Salud Pública.
Trascendió que en el análisis se tocó el problema de las trabas de la industria y falta de voluntad política, para garantizar una alimentación saludable y consiente. “¿Qué ha impedido que en Colombia se implanten impuestos a las bebidas azucaras y a los productos comestibles ultraprocesados?” Para responder a esta pregunta intervinieron el viceministro de Salud, Jaime Urrego; la profesora Carol Cristina Guarnizo, del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología de la UNAL; Martha Janeth Sandoval, de la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA), y el profesor Jairo Orlando Villabona, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.
La profesora Guarnizo, de acuerdo con lo dicho en el boletín de UNAL, explicó el concepto “Determinante Comercial de la Salud”, el que obviamente nos remite a los intereses privados que suelen estar por encima de los conceptos médicos y científicos, al señalar: “…intereses privados, corporativos y publicitarios para que en la sociedad se consuman bebidas azucaradas y productos ultraprocesados”.
No es ningún secreto cómo influyen en los hábitos alimenticios las estrategias de mercadeo priorizando los intereses de la industria; lo que se complica a la hora de remediar factores negativos, porque hay trabas en manos de legisladores corruptos y grupos de presión; tanto así, que llega inclusive a negarse lo evidente, o desvirtuarse con argumentos “rebuscados” que pretenden satisfacer las fortunas que dan la espalda al bienestar común.
El riesgo de disparar enfermedades graves no parece importar a sectores que, desde luego, están en capacidad de alimentar a sus familias con alta calidad nutricional. Todo intento por gravar con impuestos las industrias que los evaden, será inútil mientras no haya apoyo ciudadano, voluntad política, y honestidad en el Congreso.
“Los sectores privados aplican una serie de estrategias para promover estos productos tan perjudiciales para la salud, el mercadeo que proponen busca generar deseo e incrementar la aceptabilidad de estos, aunque existen evidencias del daño que les causan a las personas; un ejemplo claro es el patrocinio a eventos deportivos masivos. Para cambiar los comportamientos es necesario cambiar los entornos; en 2020 Coca-Cola invirtió 12 billones de dólares en publicidad y mercadeo en África, y Pepsi invirtió 5,5 billones de dólares; lo cual contrasta con el presupuesto general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual es de apenas 4,4 billones de dólares”.
En el mismo debate de la UNAl, la economista Sandoval se refirió a los fallidos intentos de aprobación de este tipo de impuestos a lo largo de los años: “desde 2016 ha habido tres intentos, sin embargo, por falta de voluntad política esto no se ha logrado”. Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se maneja, no es suficiente para solventar el problema, por lo que deben existir impuestos al consumo como el que se está proponiendo, se recordó enfáticamente. “La industria ha generado una serie de mitos alrededor de los impuestos, argumentando una serie de impactos negativos –como por ejemplo a las tiendas de barrio– que no están sustentados y que incluso tienen estudios pagados por ellos mismos”, afirmó la economista.
Las mentiras, engaños y desinformación sobre este tema y otros cuyos beneficios para la población en general no aceptan en los sectores privilegiados, los que muy orondos aseguran que se tendrán que cerrar empresas, con la consecuente pérdida de empleos, es una infame manipulación de sentimientos, emociones y preocupaciones de los más débiles. La misma doctora Sandoval agregó que “un caso claro e impactante es el de la empresa de bebidas y alimentos Postobón SA, que dice que les compra la fruta a los campesinos para poner los jugos Hit, pero esto no era así, incluso hubo una demanda que se ganó contra la publicidad engañosa relacionada con éste”. Por su parte el profesor Villabona manifestó que “en Latinoamérica ya hay 21 países que cuentan con un impuesto en ese sentido, y de Suramérica solo faltan Colombia y Venezuela”.
Colombia requiere reformas en Salud, Educación y Tributaria, así que la oposición cumpliría un excelente rol si entendiera que su papel no es atravesarse a lo que le conviene al país simplemente por “llevarse el punto” como lo vienen demostrando.
La norma dice que se trata de dar “garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición al Gobierno Nacional, departamental o municipal, ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos”. Flaco servicio le prestan al país impidiendo mejor calidad de vida para los pobladores cada vez más debilitados.
