Ya llegó al Congreso de la República el proyecto de ley que busca el desmonte progresivo del servicio militar obligatorio, para que sea remplazado por servicios sociales y ambientales. Esta propuesta busca modificar la Ley 418 de Orden Público, estableciendo que «se prohíbe toda forma de reclutamiento militar forzoso».
El veneno del proyecto de ley está en que «quienes entren a la fuerza pública lo harán por convicción, lo que ayuda a formar un ejército profesional y moderno». Resulta llamativo que el desmonte del servicio militar obligatorio esté incluido en el mismo proyecto en el que buscan facultades para dialogar con los grupos «alzados en armas», es decir, solo con el ELN, pues, según el ministro del Interior, los otros grupos narcoterroristas, por no tener bandera «ideológica», tendrán que afrontar mecanismos de sometimiento diferentes.
Así las cosas, con las facultades dispuestas exclusivamente para el ELN, el grupo narcoterrorista tendrá, en algún tiempo, un número significativo de combatientes sin oficio, por lo cual, eso del ingreso voluntario «por convicción» es una salida laboral y jurídica para aquellos «guerrilleros» que solo saben matar, traficar y secuestrar.
Difícilmente eso generará un ejército profesional y moderno, como aseguran los promotores, pues la profesionalización y la modernidad surgen de la institucionalidad y no del carácter voluntario de la vinculación de un ciudadano a las Fuerzas Armadas.
Desmontar el servicio militar obligatorio es otro golpe contundente contra las Fuerzas Armadas, las que han sido víctimas de una persecución inclemente por parte del gobierno de Gustavo Petro. De hecho, la salida de decenas de generales de la fuerza pública fue la señal de partida de lo que Petro pretende con el estamento castrense: librarse de todo aquel que lo combatió en el monte, o que tuvo que enfrentar las tropelías del M-19, o que ha demostrado la determinación de defender la Constitución y la ley. Con tal decisión, Petro eliminó, de tajo, la experiencia operativa y de inteligencia en las FF AA.
De igual forma, el presidente quiere conformar un Ejército sumiso, atemorizado y sin moral, de tal manera que las Fuerzas Armadas sean fáciles de manipular o de alinear a las pretensiones totalitarias del mandatario. Esto significa, ni más ni menos, establecer la complicidad de los militares para avanzar en el golpe de Estado que ha trazado para Colombia.
Además, con las tropas embebidas en la mentalidad comunista, profundamente ideologizadas y con el entrenamiento militar que recibieron en el monte, a Petro le resultará mucho más fácil la manipulación y la presión contra los oficiales superiores y, obviamente, contra los oficiales de insignia.
Así las cosas, lo que Petro pretende es alinear a los militares y policías con sus intereses totalitarios, para que sean sus cómplices y no se conviertan en obstáculos para imponer la dictadura comunista con la que ha soñado desde sus primeros años de vida.