Las autoridades de Medellín realizaron un nuevo operativo de registro y allanamiento en la cárcel Bellavista, donde fue desarticulado un call center ilegal desde el cual se coordinaban extorsiones, estafas y amenazas a víctimas dentro y fuera del Valle de Aburrá. La operación, liderada por la Policía Metropolitana y acompañada por la Secretaría de Seguridad, permitió identificar una estructura que operaba desde el interior del penal utilizando más de 50 teléfonos celulares y accesos clandestinos a internet.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que la intervención se efectuó en el patio número dos del centro penitenciario, un espacio que alberga 57 celdas y 785 personas privadas de la libertad, muchas de ellas vinculadas a la delincuencia común. Allí se ubicó el núcleo operativo de este esquema delictivo, que funcionaba como un call center para cometer extorsiones carcelarias y fraudes digitales mediante suplantación de autoridades y amenazas directas a ciudadanos.
Según las autoridades, los internos realizaban llamadas intimidatorias y exigían transferencias económicas a través de diversas plataformas. Las víctimas, bajo presión y engaños, terminaban consignando altas sumas de dinero, creyendo que enfrentaban procesos judiciales, deudas inexistentes o supuestas órdenes emitidas por grupos criminales.
Durante el operativo se incautaron 50 celulares, 20 cargadores, 20 armas cortopunzantes, 100 gramos de base de coca y dos módems de internet que permitían mantener activa la red de comunicaciones ilegales. La presencia de estos dispositivos ha generado preguntas sobre cómo fueron instalados en el complejo carcelario, pese a los controles y protocolos establecidos por el INPEC.
“Este es un golpe importante contra las estructuras de extorsión que operan desde las cárceles. Seguiremos interviniendo de manera permanente para impedir que estas organizaciones sigan afectando a la ciudadanía”, afirmó Villa, subrayando que Medellín enfrenta un crecimiento sostenido de delitos de extorsión vinculados a redes carcelarias.
Las autoridades investigan ahora quién permitió la entrada de equipos de telecomunicaciones al penal y si existe participación de funcionarios en el ingreso de estos elementos. También se avanzará en la identificación de los reclusos que manejaban el call center, para judicializarlos por nuevos delitos relacionados con estafa, extorsión y concierto para delinquir.
El operativo se suma a otras intervenciones recientes en centros de reclusión del país, en momentos en que la extorsión carcelaria continúa siendo uno de los fenómenos criminales de mayor impacto en Medellín y su área metropolitana.
