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De escándalos y polémicas

Por: Saúl Hernández Bolívar

Hay temas que además de suscitar polémica, han derivado en vergonzosas muestras de hipocresía y cinismo: hablamos del control al vandalismo en universidades, el uso del avión presidencial y el aborto de un niño con siete meses de gestación.

No es cierto que en Medellín haya una polémica por la medida que tomó el alcalde para enfrentar el vandalismo en las universidades. Aquí la inmensa mayoría está de acuerdo con que las autoridades ingresen a las mismas cuando hay uso o presencia de explosivos a su interior. Nos vale huevo la mal llamada «autonomía universitaria» de la que se aprovechan unos bandidos para delinquir en los centros educativos. Sorprende gratamente que Quintero le haya replicado a su par de Bogotá que él sí cumplirá con la Constitución, mientras la señora López alardea con que ella ‘jamás violaría un claustro universitario’; tal parece que prefiere que lo violen los delincuentes.

En cambio, hay otros temas que además de sí suscitar polémica, han derivado en vergonzosas muestras de hipocresía y cinismo, como el caso del corto vuelo de la familia presidencial, en un avión oficial, a un parque turístico. El reproche derivó en una grave muestra del impudor y la desvergüenza a que han llegado las vacas sagradas del periodismo nacional.

El comportamiento de verdulera de Vicky Dávila, iracunda cuando le asolearon los trapitos al recordarle que su marido también montó en avión presidencial sin justificación alguna, hace dudar de la probidad de los más afamados comunicadores, fama urdida a punta de fabricar escándalos mediáticos, que era lo que pretendía hacer antes de salir trasquilada. En alguna parte se dijo que ella tiene escoltas de la UNP —pagados por todos los colombianos—, y alguien se preguntaba si el marido y los hijos se montan en la camioneta blindada los domingos, cuando van de paseo, o si se van detrás en un taxi pagado por ellos. Sería bueno que ella respondiera.

Y sobre la hipocresía, basta recordar que el gobierno de Santos ha sido el más laxo en el uso de aviones oficiales sin que nadie haya dicho nada en aras de la fementida paz con las Farc. La primera dama de entonces no solo hacía uso indiscriminado de un lujoso avión oficial, sino que despilfarró cuantiosos recursos en cortinas, cajas de almendras, muebles, reformas locativas y otras «bagatelas» con el silencio cómplice de los grandes medios.

Precisamente, un silencio cómplice de los grandes medios es lo que se percibe en el caso del asesinato de Juan Sebastián, un niño con siete meses de gestación, o sea ya viable para la vida extrauterina, que fue abortado por su madre con la complicidad de Profamilia, haciendo uso de una justificación deleznable: que la madre tenía afectaciones sicológicas producto del embarazo.

Cuando la malhadada Corte Constitucional dio vía libre al aborto por allá en 2006, lo hizo en tres casos muy específicos: violación, malformación del feto que hiciera imposible su vida extrauterina y embarazo que pusiera en riesgo inminente la vida de la madre. Hoy, gracias al empuje de organizaciones feministas, las tres justificaciones se han degradado hasta el punto de pasárselas por la faja e interpretarlas a su amaño. En cuanto a la violación, ya ni siquiera hay que presentar denuncia porque ello supondría una «revictimización» de la mujer, por lo que hay que creerle a ojo cerrado y punto. En el caso de aborto por malformación, este estaba circunscrito a casos extremos como el de niños que carecen de cerebro (anencefalia) o de riñones, y a otras patologías o anomalías congénitas incompatibles con la vida que derivan en una inevitable muerte temprana, no para niños a los que les falta un bracito o tienen síndrome de down, todos los cuales están siendo abortados hoy. Y el tercer caso hacía referencia a complicaciones médicas objetivas que ponen en peligro la vida de la gestante, como cardiopatías, diabetes gestacional, preeclampsia grave, placenta previa, malformación uterina, etc., no para una adolescente que aduce que el embarazo la tiene deprimida.

En el caso de Juan Sebastián, la vida de la madre no estaba en riesgo, el padre lo había reclamado para hacerse cargo de su crianza y la edad gestacional era suficiente para el alumbramiento por cesárea de un bebé totalmente sano. Por tanto, este no fue un aborto, esto fue un asesinato. Y ahora la Corte Constitucional quiere ampliar aún más las facilidades para abortar como si se tratara de un órgano legislativo nombrado por todos los colombianos. Una aberración impulsada por unas minorías que se indignan con temas como la cadena perpetua para violadores, la pena de muerte para grandes asesinos o las corridas de toros, pero les encanta ver a los mayores criminales del país fungiendo ahora de parlamentarios y les parece muy civilizado matar a un niño que no se puede defender.

@SaulHernandezB

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