martes, noviembre 30, 2021
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Cumplimiento del punto 10 de la campaña de Iván Duque

Por Andrés Úsuga

Pese a que la agenda informativa está absolutamente copada, con algo que no se sabía que iba a suceder el 17 de junio ni el 07 de agosto de 2018 (COVID -cuarentena – afectación económica), ahora sacan videos del entonces candidato Duque en esas épocas y lo enrostran al hoy presidente, como si la situación solo fuera en Colombia y no mundial y como si la economía de todo el mundo no hubiera colapsado.

Y le facturan cosas al jefe de estado, que deba enfrentar no solo la olla raspada que le dejó el gobierno anterior (que no pudo reparar porque la Corte le tumbó la ley 1943 o también llamada ley de financiamiento por vicios de forma mediante sentencia C-481 de octubre 17 de 2019), sino que adicionalmente le está tocando afrontar prácticamente una economía de guerra, que tiene las características de fuerza mayor y caso fortuito, nunca antes vivida por presidente alguno en los últimos 100 años.

Voy a contarle al país como este gobierno hace pocos días, cumplió una promesa de campaña para un poco más de medio millón de colombianos… Pero de eso nadie se dio cuenta.

Realmente en este gobierno han sucedido cosas muy insólitas. Mi teoría es que han sido suscitadas por personajes de mediano nivel, que aún son leales a la administración anterior y que han saboteado todo lo que han podido, con el objetivo de hacer ver mal a quien incluso es leal como enemigo político, como es este presidente.

Para la muestra unos botones: carta de las pruebas de Santrich al Departamento de Justicia, vía 4/72 desde Minjusticia, que se varó en Panamá; filtración de mala fe, del viaje de la primera dama al eje cafetero en el avión oficial; el audio del embajador en EE.UU. y la hoy canciller -en ese momento no lo era-, en una cafetería de Washington; la propia reforma tributaria de 2018 que se cayó por “vicios de forma” no muy bien explicados; la foto errática del informe en la ONU con niños y el ELN y lo pusieron a decir que era en Venezuela; decretos con errores básicos y hasta absurdos que se cayeron en la Corte Constitucional; más los temas de filtración, primero de los famosos formatos para “falsos positivos” y meses después la filtración de informes de inteligencia del ejército, conocido como los supuestos perfilamientos, etc.; y no profundizo más, porque hasta temor le da a uno opinar más en estas honduras tan delicadas, que nadie investiga, ni pregunta.

Sin embargo y aunque desde los medios de comunicación, que fueron golpeados fuertemente por el recorte de la pauta desde Palacio de Nariño, desde el inicio de este cuatrienio, han intentado que las propuestas de campaña se pierdan en el olvido; es muy fácil, ingresando a la página www.ivanduque.com y dando click en la pestaña que dice propuestas, poder encontrar  52 páginas, con 203 puntos, donde se le puede pasar revista a lo que realmente propuso en su momento el entonces candidato, que ganaría con amplia ventaja sobre su contendor, que para entonces tampoco tenía el escándalo de las bolsas, ni del cáncer en Cuba, ni del COVID en Italia, ya que, no había aparecido ese video que presentó la Senadora Paloma Valencia en la plenaria del Senado, ni los trinos del Senador desde cualquier parte del mundo.

Pues bien, y para no dar más contexto, los puntos 1, 2 y 10 de esas 203 propuestas, se referían específicamente a la fuerza pública colombiana y en el 10 específicamente, se le presentaban al país tres iniciativas; de esas 3, ya se habían cumplido 2 hasta hoy, como son la ley del veterano o ley 1979 de 2019 y la capacitación universal y de calidad en DDHH, que se viene adelantando en todas las fuerzas y con más relevancia, desde los eventos con la policía en noviembre de 2019. Pero faltaba el literal “a” de ese punto 10 y que rezaba “Seguridad jurídica, mediante el fortalecimiento e independencia de la Justicia Penal Militar”.

Esa propuesta tenía un propósito especial, y era la de reflotar el fuero militar, que había sido debilitado mediante un convenio nefasto entre el Ministro de Defensa Camilo Ospina y el Fiscal de la época (año 2006) Mario Iguarán, denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”; el mismo que no quiso ser revocado por el Ex Ministro Santos, ni tampoco por el Ex Ministro Gabriel Silva Luján que lo sucedió en el cargo, por lo cual, debió demandarlo una abogada penalista defensora de militares, luego de 3 años de operar (13 de abril de 2009 fecha de la demanda) y fue declarado nulo por el Consejo de Estado, sección primera, en fecha 15 de noviembre de 2012 (Expediente No. 1100103240002009 00196/ 002008-00025-00 de la Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso y en sala con el Consejero Marco Velilla, la Consejera María Elizabeth García Gonzales y el Consejero Guillermo Vargas Ayala). Es decir, que el nefasto convenio estuvo “vivo” 6 años, aunque se hubiere suspendido provisionalmente, con el auto admisorio de la demanda en diciembre de 2009.

¿Qué preocupaba al gobierno colombiano, desde las declaraciones del Sistema Interamericano de DDHH y de los organismos internacionales y la propia Corte Penal Internacional operando desde 1998, según el Estatuto de Roma?

Que las sentencias de los jueces penales militares colombianos, no tuvieran la suficiente independencia, porque la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, es hasta hoy una dependencia del Ministerio de Defensa colombiano y esto en el marco del conflicto colombiano, según esas voces internacionales y la presión de la izquierda, que entendió muy bien el concepto de la guerra jurídica, no garantizaba la suficiente imparcialidad y objetividad para investigar y juzgar a nuestros militares y policías.

En ese orden de ideas, el gobierno del Presidente Duque asumió este problema con la seriedad que se requería, y al tomar el mandato otorgado por los colombianos en las urnas el 17 de junio de 2018, emprendió la tarea y a quienes han ocupado el cargo de Directores Ejecutivos hasta la fecha (dos Directores en gobierno Duque), les dio unas órdenes claras y perentorias -lo sé de primera mano, como exfuncionario de esa dependencia-: la creación de una Unidad Administrativa Especial, que escindiría a la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa y la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio, en la Jurisdicción Penal Militar, lo cual, estaba ordenado desde la ley 1765 de 2015 (desde 2006 en la justicia penal ordinaria) y la ley 1407 de 2010, pero de nuevo y como tantas cosas de la administración Santos, no asignó nunca los recursos necesarios y no le importó el incumplimiento de la ley.

La razón entonces de esta columna, es informarle al país, pues, curiosamente no lo han hecho los medios de comunicación, que se suscribió por parte del Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Defensa y la Directora encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública, el decreto 312 de 2021, el pasado 26 de marzo, y que de esta forma se dio cumplimiento, no solo a una de las iniciativas de campaña en su totalidad, sino a una ley que aunque venía del gobierno anterior, es este gobierno el que le da cumplimiento… Incluso con los exiguos recursos que ha debido administrar y que encontró en las arcas del erario público.

En conclusión, este gobierno viene cumpliendo en lo que lo han dejado, en lo que ha podido y en lo que le permitan no solo las otras Ramas del Poder Público, sino los medios de comunicación y la opinión pública, tan a disposición de micrófonos, columnas y redes actualmente; pero increíblemente, incluso lo que lo dejen avanzar funcionarios propios, de adentro, que han saboteado y torpedeado procesos como éste y otros y que solo permiten que salgan, cuando sean ellos los que brillen o se beneficien personalmente.

Que existan personajes que no lean, no se enteren, no estudien o no quieran comprender la situación actual, en algo lo puedo entender; pero bueno, ese es otro problema. Toca seguir cabalgando como el Quijote y Sancho Panza, pues ladran los perros.

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