Al país, le vendieron el engendro de la JEP como la panacea para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación por parte de las FARC. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que ninguna de esas necesidades será cubierta por ese tribunal de sastre –hecho a la medida del narcoterrorismo–.
En las últimas horas, la JEP cobijó al terrorista Rodrigo Granda con la figura de amnistía de iure para el delito de rebelión. Este tipo de amnistía es un beneficio que se concede por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada y conspiración, entre otros. Además, el tribunal ordenó a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Policía y al Inpec, que retiren de sus sistemas los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales del criminal a quien le están lavando la imagen.
Según la JEP, hasta el momento, no se han recaudado suficientes pruebas para vincular a Granda con el delito de rebelión que se le estaba endilgando y, por tal motivo, dice el tribunal «especial», no es posible determinar una eventual responsabilidad penal. Además, la decisión de la JEP indica que «los hechos guardan relación directa con actividades hostiles del grupo guerrillero y que la rebelión de Granda ocurrió con ocasión (de) su pertenencia a las FARC».
Así las cosas, esto significa que, para la JEP, el delito político se convierte en un atenuante de tal dimensión, que será el caballito de batalla jurídico para lograr la impunidad para los integrantes del grupo narcoterrorista.
Sin embargo, Rodrigo Granda, el cínico septuagenario que lideró las relaciones internacionales de las FARC, deberá seguir respondiendo ante la JEP en 27 procesos por reclutamiento de menores, homicidios y atentados que, según la JEP, no son crímenes amnistiables. Sin embargo, a la luz de esta decisión de impunidad, no parece existir ninguna esperanza de justicia, verdad y mucho menos reparación para las víctimas.
En la actualidad, Granda es investigado por reclutamiento forzado, métodos ilícitos de guerra, homicidios selectivos y atentados civiles, acusaciones a las que, de seguro, les buscarán el esguince legal, la leguleyada o la trampa, para que el criminal pueda salir del encarte jurídico.
Es bueno recordar que alias Jesús Santrich fue salvado por la JEP de ser extraditado a los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En aquel momento, la JEP decidió que no se pudo determinar la fecha del delito de conspiración para enviar cocaína y por ello frenó el proceso de extradición de Santrich y ordenó su liberación. Esta situación fue interpretada como una medida desesperada del tribunal, para salvarle el pellejo al narcoterrorista y evitar que, de manera efectiva, pagara una de sus deudas ante la justicia, sin importar si era en Colombia o en los Estados Unidos.
Ahora, en otro golpe de revictimización a Colombia, la JEP declara amnistiado a Rodrigo Granda, para que siga disfrutando de su retiro como terrorista, sin contratiempos ni anotaciones incómodas, que por lo pronto, serán retiradas de su largo prontuario criminal.
