Con el paso de las horas, crecen las reacciones frente a las revelaciones de Noticias Caracol, que habrían dejado en evidencia un presunto vínculo entre altos mandos del Estado colombiano y las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”. Estas denuncias han desatado nuevos cuestionamientos desde distintos sectores.
Entre los señalados figuran el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Es precisamente este último cargo el que ha suscitado mayores inquietudes. Desde la comunidad académica y diversos sectores sociales se insiste en preguntar por qué un funcionario del DNI ocupa un asiento en la principal universidad pública del departamento, una institución históricamente marcada por la persecución y asesinato de líderes estudiantiles, docentes y cívicos.
En la red X, Laura Melissa Olarte, representante del estudiantado, expresó que, en una universidad con ese pasado, no puede permitirse la presencia de un integrante de los organismos de inteligencia en el Consejo Superior. Por ello, manifestó su “enérgico rechazo” a la participación del delegado del Gobierno en el CSU.
Olarte, junto con el también representante estudiantil Juan Manuel Muñoz, profundizó esta postura en un comunicado donde ambos señalaron que, desde su compromiso con el pensamiento científico, crítico y con la transformación social, exigen el nombramiento de un nuevo delegado ante el Consejo Superior. Subrayaron que quien ocupe ese asiento no debe pertenecer a las fuerzas militares, policiales o de inteligencia del Estado.
En su lugar, propusieron designar a una persona con trayectoria reconocida en la defensa de la educación superior como derecho fundamental y bien común en Medellín y Antioquia. Consideran que este gesto tendría un valor simbólico de justicia, contribuyendo a sanar la memoria de un pasado violento y represivo.
Finalmente, solicitaron a Wilmar Mejía presentar su renuncia al Consejo Superior de la Universidad. Por su parte, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante un comunicado, advirtió que, aunque respeta la autonomía universitaria, las graves acusaciones que pesan sobre el representante presidencial exigen acciones inmediatas.
La Corporación pidió al Gobierno Nacional, en primer lugar, abrir una investigación exhaustiva sobre los señalamientos que comprometen al delegado ante el CSU de la UdeA. En segundo lugar, evaluar la suspensión temporal de Mejía de sus funciones en los órganos universitarios mientras avanzan las indagaciones.
Además, la Asamblea instó a garantizar total transparencia en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la socialización pública de avances y decisiones. También subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación, control e idoneidad para quienes representan al Ejecutivo en las instituciones de educación superior, con el fin de evitar que la gobernanza universitaria sea permeada por intereses contrarios a su misión académica y social.
Según señalaron, estas medidas “permitirían garantizar transparencia, proteger la institucionalidad universitaria y evitar riesgos para la confianza pública”.
Asimismo, advirtieron que designar personas sin plena garantía de idoneidad, transparencia y solvencia ética para cargos públicos, “y en especial para el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, constituye un riesgo grave para la gobernanza, la credibilidad de la institución y la seguridad misma de la comunidad universitaria”.
Entre tanto, algunos medios nacionales han informado que Mejía estaría preparando su renuncia al Consejo Superior; sin embargo, no existe confirmación oficial.
En las últimas horas, también se filtró un nuevo audio atribuido a Mejía, en el que se refiere a la necesidad de “salvar al presidente de la hoguera” generada por el escándalo y de producir información que desvíe la atención pública. Además, exhorta a un oficial cercano a mantener un bajo perfil para evitar exposición mediática y le advierte sobre posibles traslados si no acata sus instrucciones.
