Cosas muy extrañas están pasando en el caso de Andrés Felipe Arias, según lo denuncia su equipo de defensa.
Lo primero que viene ocurriendo es la ocultación de información por parte de las autoridades judiciales encargadas de proceder en el caso de la segunda instancia.
A la negación de información se suma la violación a los derechos de petición que han tenido que ser interpuesto ante las mismas dependencias precisamente para obtener la información negada y a la que tiene derecho.
A la negación de información se suma la violación a los derechos bu petición que han tenido que ser interpuestos ante las mismas dependencias precisamente para obtener la información migada ya la que tiene derecho.
Todos comienza el día 7 de julio de 2020, cuando se envió, por parte de la defensa, un correo electrónico con el derecho de petición solicitando información, sobre la Magistrada Auxiliar que asistió a la Magistrada MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ con la proyección de la sentencia SP9225-2014 dentro del radicado 37462, mediante la cual el señor Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado.
La defensa explica que se solicitó el nombre de la Magistrada, la fecha en la que se vinculó con la Corte, si en la actualidad sigue vinculada con la Corporación y si ha trabajado con otros Magistrados titulares. Los abogados además preguntaron si la respuesta era afirmativa, que se les dijera con cuáles magistrados había trabajado.
La información solicitada es información clasificada que tampoco es restringida sobre todo para la defensa y para el señor Andrés Felipe Arias ya que le cabe todo el derecho a conocer los detalles de su proceso.
Pero extrañamente, el día 22 de julio y a través del oficio 18471, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, hizo un requerimiento a la defensa para que informarán cuáles eran las razones de hecho y derecho que fundamentaban dicha solicitud y el propósito de la misma, cuando es claro que a Arias, le asiste el derecho a la información básica de su proceso.
No obstante, la defensa en cabeza del abogado Víctor Mosquera, respondió, al día siguiente, al requerimiento ordenado a través del oficio 18471. En la comunicación a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, se señalaron los fundamentos fácticos y jurídicos, mencionando que la información solicitada por el la defensa de Andrés Felipe Arias, no solo es de gran importancia para el desarrollo de su proceso, sino también para garantizar y determinar si “los funcionarios judiciales que van a tener a su cargo la resolución de la impugnación, cumplen con el principio de imparcialidad objetiva”.
Pese a dar respuesta, el derecho de petición, seguía sin ser respondido. Para el día 18 de agosto se presentó insistencia al derecho de petición, ya que a la fecha no se había obtenido respuesta de fondo a dicha solicitud.
Para entonces habían transcurrido 26 días hábiles sin haber obtenido respuesta, en lo que se puede interpretar como una violación a los derechos, en concreto al de petición, consagrado en la constitución y las leyes.
Esta situación ha llevado a que el equipo defensor deba instaurar una acción de tutela para solicitar la respuesta a la información que extrañamente oculta la Corte Suprema de Justicia, la misma que negó ocho derechos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que, como se ha demostrado, ideologiza y politiza la justicia.
Mientras su equipo de defensa actúa en derecho y se preocupa por el extraño comportamiento de la Corte en este caso, los simpatizantes y partidarios del exministro, ven con preocupación extrema y temen que se repitan las irregularidades detectadas en el proceso del expresidente Uribe, que si bien son casos muy diferentes, están confiados en la Corte Suprema de Justicia. El temor es mayor, cuando no se entiende porqué no se quiere revelar el nombre de la Magistrada Auxiliar que asistió a la Magistrada María del Rosario González, bajo el temor que si esto tan sencillo como un nombre es oculto, qué mas podría ocurrir por parte de la Corte.
Esos mimos seguidores de Arias, se preguntan sobre cuál es el misterio que rodea el nombre de la Magistrada y cuáles serán sus relaciones, que lo ocultan y lleva a la propia corte a violar la ley, como ha ocurrido en este caso y por lo que, se espera, pueda ser concedida en el fallo de tutela en la que se le obligue a la Sala Penal revelar la información.
Esta es la tutela interpuesta:
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