La Corte Constitucional emitió un contundente fallo que redefine el alcance del derecho a la eutanasia en Colombia, ratificando que este procedimiento ya no está restringido a quienes padecen enfermedades terminales.
En un histórico pronunciamiento, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud actualizar la normativa que regula el trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, alineándola con la jurisprudencia vigente.
El caso que impulsó esta decisión involucra a una mujer de 66 años diagnosticada con adenocarcinoma metastásico, quien enfrentaba intensos dolores y una vida que consideraba indigna tras tratamientos médicos infructuosos.
Su solicitud fue inicialmente rechazada por el Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili, bajo argumentos que, según la Corte, contravenían los avances legales en esta materia.
Fallo prioriza la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad
La Sala Cuarta de Revisión falló a favor de la paciente, señalando que la negativa de la institución vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.
El tribunal reiteró que la Sentencia C-233 de 2021 eliminó el requisito de estar en fase terminal para acceder a la eutanasia, extendiendo este derecho a quienes padecen enfermedades graves e incurables que causan sufrimientos intensos.
La Corte enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción complementaria, no una condición previa para autorizar la eutanasia.
“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, afirmó el alto tribunal en su pronunciamiento.
Eliminar barreras para la muerte digna
Además de la orden al Ministerio de Salud, la Corte reiteró su llamado al Congreso de la República para avanzar en la protección efectiva del derecho a morir dignamente.
Según el tribunal, aún persisten barreras legales y administrativas que dificultan el acceso pleno a este derecho, lo que evidencia la necesidad de un marco normativo más robusto y coherente.
La decisión marca un nuevo capítulo en la lucha por garantizar el respeto a la dignidad y la autonomía de los pacientes en situaciones extremas, dejando claro que las instituciones de salud deben alinearse con las directrices constitucionales.
Mientras tanto, los ojos están puestos en el Ministerio de Salud y en el Congreso, quienes ahora tienen la responsabilidad de eliminar las barreras que impiden que este derecho sea una realidad para todos los colombianos.
