La Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-277 de 2025 con la que dejó sin efecto la intervención que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) impuso sobre la EPS Sanitas en 2023, y formaliza la restitución de su administración al Grupo Keralty.
La decisión, que había sido anticipada desde el pasado 26 de junio, fue publicada oficialmente este viernes 18 de julio.
El fallo declara la nulidad de dos resoluciones expedidas por la SNS y argumenta que la medida vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la EPS, de sus accionistas y del entonces representante legal, Juan Pablo Rueda Sánchez.
Según la Corte, la intervención se ejecutó desconociendo órdenes judiciales previas. En particular, señala que la Superintendencia actuó sin tener en cuenta los autos 996, 2881 y 2882 de 2023 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, los cuales advertían sobre fallas estructurales en el financiamiento del sistema de salud.
Para el alto tribunal, los problemas financieros señalados por la SNS como fundamento de la intervención tenían origen en incumplimientos del Estado en pagos por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos.
El fallo fue adoptado por mayoría en la Sala Plena, pero con salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien cuestionó la competencia de la Corte para asumir el caso y sostuvo que los accionistas de la EPS no estaban legitimados para presentar la tutela. Además, consideró que tuvieron que utilizarse otros mecanismos jurídicos y que no correspondía interpretar las órdenes de seguimiento como restricciones sobre actos administrativos.
Con la expedición del fallo, el Grupo Keralty queda habilitado legalmente para retomar la gestión operativa de la EPS. Según la organización, la intervención causó un deterioro significativo en el servicio, fragmentó la red de atención, incrementó la judicialización a través de tutelas y provocó una afectación financiera grave. La entidad ya inició el proceso de recuperación de las operaciones, tras lo que calificó como una “toma hostil disfrazada”.
El Grupo anunció que interpondrá demandas para solicitar una reparación integral por los daños ocasionados. La decisión de la Corte, en ese contexto, podría generar un efecto jurídico sobre otras EPS intervenidas, como Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud o Asmet Salud, si se comprueba que sus crisis también derivan de incumplimientos estructurales del Estado.
En su sentencia, la Corte recordó que no puede atribuirse responsabilidad financiera a una EPS cuando las fallas derivan del incumplimiento estatal en la financiación del sistema. Este argumento, recogido en autos de seguimiento a la T-760 de 2008, adquiere ahora fuerza vinculante al incorporarse en una sentencia de unificación.
