El concejal del Centro democrático, Alfredo Ramos, a través de su cuenta en Twitter ha manifestado que durante la administración de Daniel Quintero la contratación a través de convenidos interadministrativos con las entidades descentralizadas y con la modalidad de contratación directa se ha disparado.
Según información publicada por Ramos, el 65% del los recursos ejecutados por la administración municipal se ejecutaron a través de convenidos interadministrativos con entidades descentralizadas como son Metroparques, Hospital General de Medellín, EDU, entre otras.
Como se ve en los datos entregados por Alfredo Ramos, el 88% de la contratación del municipio de Medellín correspondió a contratación directa o de mínima cuantía, sin que mediara ningún proceso de selección.
Solo 25 contratos de los 1650 celebrados se adjudicaron por licitación, proceso de selección, que aunque tiene fallas, permite que el proceso sea público y los ciudadanos puedan regular la manera en que fue seleccionado el proponente, que según las normas debe contar con experiencia, capacidad técnica y económica para la ejecución del objeto de la contratación.
Al realizarse los procesos de contratación con entidades descentralizadas se pueden presentar inconvenientes y se abre la puerta para la corrupción, ya que estas entidades tienen procesos de contratación propios y no están regulados por la 80, por lo que no se someten a los procesos de contratación establecidos por el estado con el fin de disminuir los índices de corrupción y promover la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
Para lograr el objetivo de derivar hacia las entidades descentralizadas gran parte de la contratación, la administración municipal modificó los objeto sociales de estas entidades y aumento los valores de contratación sin necesidad de licitación a través de reuniones de Juntas Directivas, sin que esto pasara por el Consejo de la Medellín.
Por otro lado los contratos realizados a través del EDU, Metroparques, Ruta N, entre otras instituciones no tienen la obligación de reportar los contratos ante el Secop, por lo que el rastreo de los mismos se vuelve complejo y hace que se pierdan en medio del sistema que regula cada una de estas entidadades.
Esto favorece el ocultamiento de los gastos, la selección del contratista, las habilidades del mismo, y evita el control ciudadano sobre los gastos públicos, aunque la justificación de la administración para respaldar el actuar es darle celeridad a los procesos de contratación en realidad parece “que se están favoreciendo intereses particulares y pagando favores políticos” afirma Alfredo Ramos.
Es importante tener en cuenta que el Alcalde de Medellín, o quien él designe, hace parte de estas juntas directivas, así como lo hace en EPM, ya que el Municipio es el propietarios de estas instituciones y su funcionamiento se hace con recursos públicos.
A pesar de que Daniel Quintero, en ruedas de prensa y en declaraciones públicas ha manifestado que su administración ha actuado con absoluta transparencia, la forma en la que se está realizando la contratación pública deja muchas dudas entre la ciudadanía, sobre todo cuando se han conocido inversiones no justificadas por parte de la familia Quintero Osorio.
