La Contraloría General de la República concluyó que Juliana Guerrero, quien se desempeñó como secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, utilizó aeronaves de la Policía Nacional para actividades ajenas a las funciones de la cartera, lo que derivó en un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos.
Según la entidad, los desplazamientos no tenían relación con obligaciones del Ministerio y fueron realizados para asistir a reuniones internas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde Guerrero actuaba como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior.
El informe recoge que, en el marco del Convenio 400-2025, las aeronaves habían sido autorizadas para operar entre el 19 y 20 de junio de 2025 en rutas que incluyeron Bogotá, Valledupar y Aguachica. Sin embargo, la Contraloría determinó que las actividades asociadas al viaje, asistir a una sesión del órgano directivo de la UPC, no correspondían a la misionalidad del Ministerio del Interior ni a objetivos contemplados en el convenio, que solo permite uso aéreo para acciones directamente relacionadas con seguridad, orden público o funciones institucionales específicas.
El organismo de control también estableció que el costo del combustible utilizado en los vuelos ascendió a $213.548.069, una cifra que, según el dictamen, constituye una afectación al patrimonio público por tratarse de recursos asignados a operaciones oficiales de alta sensibilidad. La entidad recalcó que la autorización del desplazamiento no contó con justificación técnica y que su aprobación derivó en una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
El caso salió a la luz tras una publicación periodística que reveló que Guerrero viajó junto con su hermana, Verónica Guerrero, en aeronaves policiales, aun cuando solo una tenía vínculo con la UPC y ninguna cumplía criterios que justificaran transporte reservado para misiones operacionales. La investigación evidenció, además, que otras personas sin función oficial participaron en los trayectos, entre ellas asesores y aliados políticos de las hermanas Guerrero.
Los registros oficiales indican que el 19 de junio Guerrero llegó a Valledupar en un avión ATR-42 y que al día siguiente utilizó un helicóptero Bell-212 para asistir a la sesión en Aguachica.
Ese mismo día regresó a Valledupar y continuó desplazamientos hasta Bogotá y Santa Marta en vuelos posteriores, todos bajo la figura de una supuesta “misión secreta” presentada ante el Ministerio del Interior. La Contraloría concluyó que esa justificación no correspondía a la realidad y que la operación no cumplía con ninguna causal prevista en el convenio.
Consultado por la prensa, el ministro Armando Benedetti afirmó que autorizó los vuelos bajo la información que Guerrero le entregó, según la cual el desplazamiento respondía a un encargo reservado. Señaló que desconocía que la finalidad del viaje estuviera relacionada con asuntos de la UPC y sostuvo que el caso amerita una investigación interna.
El hallazgo fiscal fue remitido a la Procuraduría General para que determine posibles responsabilidades disciplinarias tanto de Guerrero como de los funcionarios que avalaron el uso de las aeronaves. El episodio se suma a otro escándalo que involucra a la exfuncionaria, luego de que la Fundación San José anulara su título académico al no encontrar registros de actividad académica o evaluaciones en la institución.
