Petro encabezó el Consejo de Ministros del 25 de noviembre marcado por dos temas que concentran presiones políticas y cuestionamientos públicos: el escándalo por los supuestos vínculos entre integrantes de su Gobierno y las disidencias de las Farc, y la necesidad de presentar un balance interno sobre indicadores en materia de seguridad y drogas.
La sesión inició con un mensaje grabado por el mandatario, en el que se refirió a la rectificación judicial que tuvo que emitir por su comentario sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres, pronunciado semanas atrás en otro consejo.
En el video, Petro afirmó que la expresión utilizada fue “desafortunada”, pidió disculpas a Tatiana Echavarría Arango, quien interpuso la acción judicial, y reiteró que cumplía la orden del juez. Señaló que sus palabras derivaron en interpretaciones que no correspondían a su intención y aseguró que su intervención se daba como parte del deber institucional de acatar decisiones judiciales.
Tras ese mensaje, el Presidente abordó el tema que ha generado tensiones entre el Ejecutivo, los organismos de inteligencia y el Congreso: las revelaciones sobre presuntas relaciones entre el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, con la estructura de alias ‘Calarcá’, comandante de una facción de las disidencias.
Aunque el lunes había descartado las acusaciones, Petro afirmó ante su gabinete que tenía “dudas” sobre la información divulgada y ordenó realizar un examen forense de informática a los chats presuntamente obtenidos en los computadores incautados al cabecilla.
El jefe de Estado indicó que el procedimiento será determinante para establecer la veracidad del material entregado por la Dijín a la Fiscalía en Antioquia. Recalcó que cualquier decisión frente a los funcionarios se tomará con base en ese informe técnico. Paralelamente, entidades como el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría anunciaron revisiones internas para establecer responsabilidades.
El Consejo también incluyó un balance sobre las cifras de incautaciones de cocaína. Petro sostuvo que desde 2022 los decomisos han aumentado y que su administración registra los mayores niveles históricos. A través de un gráfico, comparó tendencias desde 2019 y planteó que los cultivos de hoja de coca presentan comportamientos distintos entre áreas productivas y no productivas, señalando que en la Amazonía existirían más de 80.000 hectáreas abandonadas.
Según su análisis, mientras el número de cultivos estables creció de manera pronunciada en 2021 y 2022, en su gobierno la pendiente habría disminuido. Insistió en que la mayor incautación de cocaína estaría afectando la producción ilegal, lo que, según expuso al gabinete, genera mayores dificultades logísticas para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El encuentro cerró sin nuevas decisiones públicas sobre los funcionarios señalados, pero con la instrucción presidencial de avanzar en las verificaciones forenses que determinarán los próximos pasos del Ejecutivo frente a la controversia.
