Si el Gobierno no decide, como se rumoraba a comienzo de diciembre, llamar a sesiones extras en febrero, el Congreso reanudará su trabajo el 16 de marzo.
Para esas fechas, los legisladores estarán a un año de presentarse a la reelección, de manera que uno de los primeros retos será evitar que las respectivas campañas se interpongan en el normal desarrollo de las tareas parlamentarias.
Claro que esa no será la razón por la que en lo queda de esta legislatura ni en la siguiente el Congreso aborde reformas claves anunciadas por el Ejecutivo, mismas que tanto gobiernistas como opositores consideran necesario debatir.
Es evidente que ya no alcanza el tiempo para tramitar todas las iniciativas de las que se ha hablado estos dos años largos: política, régimen pensional, justicia, laboral, reingeniería ambiental y otras más.
Esta es la hora de comenzar a priorizar el orden de presentación e incluso resignarse a que no hay ambiente político ni coyuntura socioeconómica para tramitar algunas de ellas.
En su discurso del 20 de julio, el presidente Iván Duque dijo que reformar la justicia sería uno de sus objetivos, pero todo parece indicar que el proyecto en el que trabajó arduamente la exministra Margarita Cabello quedará engavetado ante la línea trazada por el expresidente Álvaro Uribe de someter a referendo algunos temas clave de esa iniciativa.
Paralelamente avanza en el Congreso (el 28 de octubre recibió el primer sí en la Comisión Primera del Senado) el proyecto número 240 de 2020 Senado, “por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”, radicado el 26 de agosto por el saliente procurador Fernando Carrillo, quien ha explicado que su eje central es el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales.
En contraste, la coyuntura de la pandemia llevó a Duque a tramitar en el Congreso la aprobación de la ley 2060 de 2020 que amplió hasta marzo la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Simultáneamente prolongó administrativamente hasta junio el Ingreso Solidario; que por cierto todavía hay tiempo de volverlo permanente, proyecto que está para primer debate en la Comisión Tercera del Senado.
También estará sobre la mesa la posibilidad de lograr un acuerdo entre las bancadas para reducir el salario de los altos funcionarios del Estado, incluyendo los propios congresistas, tema en el que todos siempre dicen estar de acuerdo, pero que, como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, a la hora de votar los proyectos no se logran las mayorías requeridas para su aprobación.
La semana pasada, a propósito de la oficialización del decreto con el incremento, mal contados resultaron unos ocho proyectos, entre los radicados por el Centro Democrático y otros partidos, incluidos los de oposición, todos hundidos, por lo que podría concluirse que ni las mayorías cuentan con los votos suficientes para autorregularse, de ahí que cobre sintonía la propuesta de llevar el asunto al ya mencionado referendo promovido por el expresidente Uribe.
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Vía Reporteros Asociados – Somos Medialco
