La defensa desesperada es que fueron «infiltrados», cuando resulta evidente que las pruebas fueron filtradas por miembros, o exmiembros, de la campaña del Pacto Histórico.
Es que los videos son grabaciones, no de cámaras externas, sino de reuniones virtuales vía zoom, por lo cual, solo podía asistir gente de la campaña de Gustavo Petro. Lo que no se han atrevido a afirmar, por ahora, es que el contenido de los «petrovideos» sea mentira.
Hasta ahora, los videos de la campaña presidencial del Pacto Histórico demostrarían la comisión de varios delitos que, ojalá, se investiguen con prontitud y no terminen engavetados para después declarar la prescripción de los términos. El país requiere de una sanción ejemplarizante, de tal manera que, en el futuro, a ningún político se le ocurra volver a emprender una guerra sucia y ruin, como la que estamos padeciendo, contra todo aquel que sea elegido como adversario.
Uno de los asuntos delicados es que, en los videos, Roy Barreras habla de una contribución de 500 millones de pesos o más para la campaña, por parte de una empresa postal. Esta confesión implica que se dio una financiación privada para la candidatura de Gustavo Petro, lo que deberá ser investigado con prontitud por el Consejo Nacional Electoral, toda vez que las contribuciones de personas jurídicas a una campaña son conductas prohibidas por la Ley, como lo determinó en su momento la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.
De igual forma, en otro de los videos, en el que se menciona la incómoda asesora Nany Pardo, se habla específicamente de la financiación del área de comunicaciones de la campaña por parte del empresario barranquillero Christian Daes. Sin embargo, al revisarse las cuentas entregadas por el petrismo, esta donación no aparece registrada, por lo cual, se estaría ante la comisión del delito de falsedad en documento público.
Otro aspecto que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, se relaciona con los gastos de campaña. Por tal razón, la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una denuncia para que se determine si se trasgredieron las normas de financiación de las campañas presidenciales, pues existe evidencia, en los «petrovideos», de aportes realizados al Pacto Histórico que no fueron reportados en los ingresos, como si se quisiera ocultar la violación de los topes de gastos ordenados por la Ley.
Así las cosas, en la denuncia interpuesta por Pablo Bustos se lee que «excederse en el gasto es una clara violación al régimen penal colombiano, que encuentra su justificación en la violación al derecho a la igualdad en que deberían competir los distintos candidatos. Pero no sólo ello, si se ha mentido a la autoridad electoral, se encuentra también la posible comisión del delito de fraude procesal».
No obstante, hay más tela penal para cortar. De hecho, para algunos abogados penalistas, los «petrovideos» dejan en evidencia el delito de concierto para delinquir, pues resulta claro que los participantes acordaron desacreditar moralmente a los contendores, lo que haría parte de la denuncia interpuesta en las últimas horas por el excandidato Federico Gutiérrez.
En este sentido, Gutiérrez radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por cuatro delitos, contra los miembros de la campaña del Pacto Histórico. De esta denuncia, explicaron expertos consultados por IFMNOTICIAS.COM, se desprenderían múltiples acciones judiciales, ya que, de un lado, la Corte investigaría a los sujetos procesales con fuero, como Gustavo Petro y Roy Barreras; mientras que deberá compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que asuma la investigación de aquellos involucrados que no gozan del fuero constitucional.
De otro lado, los videos también incluyen una declaración del senador Roy Barreras ante Gustavo Petro, en la que hace mención específica al tema de los 6402 «falsos positivos», tema que utilizaron para desprestigiar a Uribe y a todo aquel con quien el expresidente tuviera cercanía.
Este hecho terminará siendo también investigado, penal y disciplinariamente, pues han sido múltiples las réplicas de ese caballito de batalla, por parte de funcionarios en ejercicio, como el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien instaló vallas con ese mensaje, el número 6402, que fueron financiadas con el presupuesto de Medellín.
Así las cosas, la divulgación del «petrovideo» contra Uribe, terminaría por encartar, penal y disciplinariamente, a Daniel Quintero Calle y a varios de sus colaboradores más cercanos, quienes de paso sea dicho, carecen de fuero y serían investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, los «petrovideos» podrían tener repercusiones penales internacionales, ya que, al ofrecer la no extradición, se estaría obstruyendo la administración de justicia. Así las cosas, tal actuación, aunque tiene consecuencias penales en Colombia, resulta sumamente grave para la justicia estadounidense, la que seguramente abrirá un indictment con las pruebas dadas a conocer en las últimas horas.
Lo cierto es que, hasta ahora, lo que se prevé es un cataclismo jurídico y penal contra el Pacto Histórico y contra varios de sus colaboradores. Sin embargo, la intensidad podría ascender y terminaría convirtiéndose en un verdadero tsunami penal, con incalculables consecuencias políticas y judiciales. Esto hasta ahora comienza.
