En la histórica y meteórica decisión de la Contraloría General de la República sobre el proyecto Hidroituango, el ente de control tuvo que ocupar el lugar de EPM para el cobro de la póliza porque para la fecha del fallo de segunda instancia, EPM había omitido hacerlo al no haber “ordenado hacerla efectiva en el evento de ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo en firme” (pág. 981 de 2106 conclusiones sobre Mapfre)
Al entrar en los detalles del fallo, no solo queda claro que EPM estaba en total capacidad de ejecutar la póliza todo riesgo construcción contratada con Mapfre, sino que también, causa sorpresa que los desembolsos que hasta el momento venía ejecutando Mapfre, eran un préstamo y tenían como condición que “EPM deba devolver las sumas pagadas como Pagos Anticipados a MAPFRE, cuando esta última decida unilateralmente revocar la cobertura de la Contingencia haciendo uso de ese derecho.” (pág. 971 de 2106 conclusiones sobre Mapfre)
El actuar del alcalde ha estado en el ojo del huracán desde el primer momento de su mandato, debido a que siempre han existido rumores de un deseo de cambiar los contratistas que ejecutan el proyecto. Es necesario recordar, que, por firmar la prórroga de los contratos con los subcontratistas en el año 2020, fue depuesto el exgerente Álvaro Guillermo Rendón por el alcalde Daniel Quintero, pese a que este siempre fue visto como su mentor político.
Durante prácticamente dos años el discurso de la administración municipal ha sido monolítico en que paguen los responsables, y esto inclusive, conllevó a una histórica renuncia en bloque de toda la Junta Directiva de EPM por no habérseles consultado la presentación de la famosa demanda de la entidad en contra de sus subcontratistas en Hidroituango. Demanda que valga de paso aclarar, fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y no tiene un futuro claro.
Hoy todo el departamento vive días de desasosiego ante la eventual paralización del proyecto Hidroituango y miles de hogares sufren el temor de que alguno de sus miembros pierda su trabajo por la decisión de la Contraloría General de la República, mientras que en los dos últimos años EPM y la administración municipal, le aseguraban al país en todos los escenarios posibles, que la compañía de seguros estaba pagando y no prestando dinero, mientras la empresa de servicios públicos se abstenía de hacer uso de sus atribuciones legales para lograr una pronta y efectiva ejecución de la póliza de seguros. Esto a todas luces hubiera impedido llegar al riesgo actual de paralización de las obras, la ruina de empresas con alta reputación y la destrucción de trayectorias profesionales y políticas de directivos que participaron en la gestión del proyecto.
Toda esta situación deja muchas dudas y preguntas que deben ser contestadas por la administración actual, por qué al azar al que se está condenando a miles de honestos antioqueños y al proyecto energético más grande de la historia del país, teniendo EPM las herramientas necesarias que evitaran el fallo de responsabilidad fiscal, tal como lo dijo el Contralor General de la República en varias oportunidades. Hubieran impedido que se dejara el futuro personal de miles de trabajadores y todo el mercado energético al albur de decisiones judiciales y administrativas que puede que no compaginen con el interés público, y que podrían poner en riesgo a todas las comunidades aguas abajo del proyecto.
Es necesario que las entidades de control determinen las omisiones de los directivos de EPM por no tomar las acciones que hoy reprocha la Contraloría General de la Nación, que expliquen por qué las explicaciones que hasta el momento daban públicamente sobre los pagos de la aseguradora, son desmentidos por el órgano de control, y por qué permitieron que se configurara la situación actual, sin perjuicio de ser los directos responsables de una eventual tragedia.
Todo lo anterior se soporta en el fallo de segunda instancia de responsabilidad fiscal, y las ideas esbozadas tienen pleno soporte en las premisas que permitieron a la Contraloría General de la República, volver a vincular a Mapfre dentro del fallo de responsabilidad fiscal en el que se exponen:
- En el numeral 3.3.4 del fallo en la página 960 inician las consideraciones sobre la desvinculación de Mapfre como tercero en el fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia
- Las consideraciones terminan en la página 981 del auto, para lo cual se extraen a continuación los párrafos que dan plena soporte a lo que se afirma en el anterior escrito:
