La infraestructura vial en Colombia es un reto costoso. Construir una carretera y mantenerla, es sin duda una de las mas difíciles tareas que empresa alguna se pueda proponer en el país y sobre todo, una de las que mayores riesgos implica para la viabilidad empresarial y sostenimiento financiero.
El modelo que Colombia aplica desde hace ya algunas décadas para lograr una infraestructura vial en condiciones, es entregar a empresarios la tarea que el Estado por sí mismo debe cumplir, pero para la que no está preparada. Es así como entonces, el Estado delega en privados la ejecución de multimillonarios proyectos, como las vías 4G entre otras, en las que los concesionarios ponen su capital, maquinaria, personal y trabajo; bajo contratos de explotación de las carreteras a través de los peajes y así sostenerse, recuperar el dinero invertido y buscar alguna rentabilidad a largo plazo; mientras continuan haciendo el mantenimiento.
Para nadie es un secreto que la topografía colombiana y el clima son muy particulares, variables e impredecibles. En las zonas de montaña, es común que se pierda la banca completa por deslizamientos y son las concesiones las que terminan volviendo a construir las carreteras por tramos. En en todo el país, el invierno severo como el que está pasando, daña la capa asfáltica constantemente lo que se agrava, por ejemplo en zonas llanas, con los intensos calores que contrastan dejando ver como las vías se derriten y se producen cráteres por lo que terminan nuevamente, siendo construidas.
Si se considera que cada que un derrumbe ocurre, o se avería el pavimento, o existen fuertes lluvias con inundaciones o intensos calores que derriten las vías entre otras situaciones; que cada que eso ocurre, es muchísimo dinero el que se tiene que invertir para repararlas; porque en oportunidades, estas contingencias no solo destruyen las vías sino viaductos, túneles y obras civiles complementarias de estabilización geológica que deben volverse a hacer con millonarias inversiones.
Solo así se puede entender el por qué se pactan contratos entre los concesionarios y el Estado, a través del Ministerio de Transporte, el INVÍAS, la ANI, o inclusive con las gobernaciones o municipios; en los que se entiende la idea del “blindaje” de los mismos en su tiempo de explotación, incrementos de peajes y todas las particularidades que busquen una “seguridad jurídica”.
Con este gobierno de Gustavo Petro, se está viviendo una situación caótica generada por las promesas casi imposibles de cumplir con las que el presidente logró llegar al poder y la necesidad de buscar aprobación tratando de cumplirlas, pasando por encima de lo que ya esté pactado, dice una de las fuentes confidenciales a IFMNOTICIAS.COM.
Las manifestaciones, bloqueos y plantones de diferentes sectores que impactan sobre las vías, han convertido la naturaleza de esos contratos que parecían una roca, en una “gelatina” en las que Petro y sus ministros, buscan flexibilizar, manipular en las interpretaciones y, sin negociar, toman decisiones casi dictatoriales que desconocen los contratos y pasan por encima de la “seguridad jurídica”, impactando directamente las finanzas de las empresas inversoras en las concesiones; al punto que varias de ellas no ven como pueden continuar a futuro.
Fuentes confidenciales le contaron a IFMNOTICIAS.COM que se vienen realizando reuniones entre concesionarios a fin de mostrarle al gobierno la difícil situación que están sufriendo por cuenta de las decisiones tomadas por “decreto” que desconocieron los incrementos de tarifas y las implicaciones en el plano de lo real.
Y es que, según las fuentes, muchos de los proyectos tanto en construcción como finalizadas pero en mantenimiento, no serían viables para continuarse ante la fuerte “lesión financiera” que comienzan a sentir y que no les permitiría subsistir.
Los esfuerzos de los gremios y de los propios concesionarios no ha sido poco para encontrar ser escuchados, pero hasta el momento, pese a los acercamientos, no hay respuestas concretas y los oídos del gobierno parecen sordos; mientras la realidad de las vías se podría comenzar a ver muy pronto cuando ya no puedan hacerle mantenimiento a las vías o las iniciadas no se puedan terminar.
Cuentan las fuentes que, ante la revisión de los contratos con el Gobierno, se les han pasado alternativas, entre ellas, que el Gobierno entre a compensar los faltantes y paguen lo que ahora dejan de recibir; pero los delegados toman nota y no se pronuncian de manera clara y directa porque dicen, que depende de los presupuestos de la Nación, la misma caja de la que se quejan desde Palacio de Nariño y por la que plantearon desde la Reforma Tributaria hasta otras fórmulas para sacar dinero para atender todos los compromisos que Petro prometió en campaña, dejando al parecer de lado, la prioridad de las vías.
El temor de los concesionarios, según las fuentes, está además en los mensajes enviados por Petro en diferentes escenarios, como cuando afirmó que las carreteras “son para el transporte de las mercancías de los más pudientes”, algo que los lleva a pensar que, en efecto esta no es la prioridad del Gobierno.
Como consecuencia y ante el evidente incumplimiento del Gobierno Petro a los contratos pactados, varios de los concesionarios estarían estudiando la posibilidad de devolver concesiones al Estado y ampararse en las cláusulas de incumplimiento, no solo para no continuar con los proyectos, sino para demandar al Estado por daños, perjuicios, incumplimiento entre otros; ante la imposibilidad de continuar y ser viables.
Las fuentes explican que los concesionarios cada vez se sienten mas encerrados en posibilidades, mientras que son miles de kilómetros de vías las que deben atender sin poder captar los recursos necesarios; y recuerdan que mientras los funcionarios están en sus oficinas, son ellos los que deben responder y acudir ante las contingencias y poner la cara ante las comunidades, muchas de ellas que bloquean el paso en las vías y en los peajes.
Señalan que los concesionarios entienden la presión de transportadores al Gobierno y les hallan razón, pero también entienden que sin dinero no pueden actuar y que es el Estado el responsable de dar las alternativas, mas aun, cuando han incumplido los contratos, por decreto.