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viernes, noviembre 22, 2024
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    Condenan por terrorismo a responsables de intento de asesinato a policías en Bogotá

    Un nuevo capítulo de justicia se escribe en Colombia tras la condena a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, al ser hallados responsables del ataque al CAI del barrio La Aurora, al sur de Bogotá.

    Este acto, ocurrido la noche del 4 de mayo de 2021 durante el llamado «estallido social», tuvo como objetivo incendiar el recinto mientras 15 policías se encontraban refugiados en su interior.

    La sentencia, emitida por un juzgado especializado, se basó en una sólida recolección de pruebas que incluyó videos de cámaras de seguridad, reconocimiento fotográfico y testimonios directos de las víctimas.

    Estos elementos identificaron sin lugar a dudas a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los autores materiales del ataque.

    Uno de los puntos clave del juicio fue el hallazgo de artefactos explosivos en la vivienda de Murcia Rodríguez, los cuales coincidían con las sustancias empleadas en el ataque al CAI. Este descubrimiento reforzó la tesis de premeditación y dolo en las acciones de los condenados.

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    Defensa desestimada por el juez

    Durante el proceso judicial, la defensa intentó argumentar que se trató de un acto de protesta social, una postura que fue tajantemente rechazada por el juez, quien calificó las pruebas presentadas como «inconsistentes y contradictorias».

    En su fallo, el juez aseguró que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con violencia deliberada y con el propósito claro de generar terror y temor en la comunidad.

    La condena también fue respaldada por el Ministerio Público, que enfatizó la gravedad de los hechos. “No se trató de una protesta social, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor”, afirmó el procurador.

    Además, se confirmó que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales, desmontando así los señalamientos de irregularidades realizados por la defensa.

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