Dos policías han sido condenados a diez años de prisión tras confesar su participación en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete de la Presidencia, en un nuevo giro del escándalo que envuelve a la Casa de Nariño. Se trata del intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, ambos adscritos a la Sijín de la Policía, quienes aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, en el que admitieron haber seguido órdenes directas de sus superiores, presuntamente desde altos mandos del Gobierno.
El caso: órdenes desde lo más alto del poder
Quinchanegua y Canizales reconocieron haber incluido los números telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, una empleada doméstica cercana al círculo de Sarabia, dentro de las investigaciones dirigidas contra alias Siopas, un alto miembro del EGC – Clan del Golfo. Los policías ofrecieron excusas públicas a Meza y Perea, admitiendo que simplemente ejecutaron las directrices que les fueron dadas. Sin embargo, a pesar de la confesión, hasta ahora ningún alto funcionario del Gobierno ha sido vinculado formalmente a una investigación o proceso judicial por este escándalo.
Una trama oscura: suicidios y maletas de dinero
El caso ha estado rodeado de controversias y misterios que han sacudido a la opinión pública. Uno de los eventos más polémicos es la muerte del coronel Óscar Dávila, quien estuvo implicado en las investigaciones preliminares sobre el caso. Dávila fue encontrado muerto en circunstancias que inicialmente fueron catalogadas como suicidio. Sin embargo, esta versión ha sido ampliamente cuestionada debido a la falta de explicaciones claras y contundentes por parte de las autoridades. El coronel tenía un papel clave en el esclarecimiento de los hechos y su muerte ha alimentado aún más la incertidumbre.
Otro de los elementos en esta compleja trama es la supuesta desaparición de una maleta con dinero, que habría sido el detonante del escándalo que implicó a Meza y Perea. No se ha esclarecido qué ocurrió con ese dinero ni cómo estuvo relacionado con la filtración de información que llevó a las interceptaciones ilegales.
El preacuerdo y la ausencia de responsables en el Gobierno
El preacuerdo entre los policías y la Fiscalía permitió que la verdad sobre las interceptaciones saliera a la luz. Sin embargo, sigue habiendo un vacío en torno a los responsables de haber dado las órdenes. La defensa de los policías ha insistido en que estos actuaron bajo estricta obediencia a sus superiores, quienes, según los condenados, se encontraban en la Casa de Nariño. No obstante, hasta el momento no se han realizado investigaciones ni imputaciones contra miembros del alto Gobierno, lo que ha generado fuertes críticas y pedidos de justicia por parte de diversos sectores.
La condena de Quinchanegua y Canizales cierra un capítulo para estos dos uniformados, pero deja abiertas muchas preguntas sobre la participación de funcionarios de mayor rango. La falta de acciones legales contra quienes dieron las órdenes alimenta la percepción de que el caso aún no ha llegado a su verdadera conclusión.
Impacto en la opinión pública
El escándalo de las interceptaciones ilegales a Meza y Perea ha sido un golpe duro para la administración de Gustavo Petro, que ha visto cómo este caso ha minado la confianza en su Gobierno. Además, la sombra de la muerte del coronel Dávila y la falta de claridad sobre el destino de la maleta con dinero continúan generando dudas en la opinión pública. Las demandas de justicia y transparencia no cesan, mientras que el país espera respuestas sobre quiénes fueron realmente los responsables de ordenar las «chuzadas» y por qué.
Este episodio marca un punto crítico en la actual administración, que ahora enfrenta presiones crecientes para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades. La condena de estos dos policías, aunque significativa, parece solo la punta del iceberg de un escándalo que involucra a las más altas esferas del poder en Colombia.
