El día de hoy en un debate de control político la ministra de Minas Irene Vélez, y quien ha estado en ojo del huracán por cuenta de varias salidas en falso que demuestran su desconocimiento en el sector energético del país, además del mal asesoramiento que tiene en la cartera.
Uno de los objetivos del debate de control político era abrir la puerta para que desde el Congreso se ponga sobre el tapete el aumento de las tarifas en lo que va corrido del año, lo que finalmente terminó concretado en una plenaria del Senado programada para mañana. Se espera que en este debate se ponga en conocimiento de los colombianos como funciona la fijación de tarifas de energía en Colombia y cuales son los aspectos que se deben tener en cuenta.
En medio de este panorama tanto Vélez como el presidente Gustavo Petro hablaron de la necesidad de bajar las tarifas de energía en el país, por cuenta de las constantes quejas de la ciudadanía debido al aumento de las tarifas en el último año que ha llegado, en algunos lugares de Colombia, a alcanzar el 40% adicional de lo que se pagaba en el 2021.
Según la ministra de Minas durante el debate de control político se puede lograr la disminución de tarifas y fijarlas ajustando el Índice de Precios al Productor (IPP), sin tener en cuenta los otros factores que se evalúan par fijar los topes máximos y mínimos que deben pagar los usuarios por este servicio. Sin embargo, esta solución sería en el corto plazo, en el mediano plazo se debería diseñar un indicador específico para el sector eléctrico, dejando claro cada componente, afirmó Vélez.
Irene Vélez afirmó que el IPP en este caso esta directamente relacionado con contratos de los generados y comercializadores, y que se espera que para este viernes haya un acuerdo con los sectores para ajustar la tarifas a la baja y que los usuarios se puedan ver beneficiados.
Ante esta realidad Gustavo Petro afirmó que era necesario intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia, por considerar que era justo en este organismo, supuestamente politizado, donde se estaban fraguando incrementos desmedidos de energía con el objetivo de perjudicar a los más necesitados, y que, además, este aumento era uno de los responsables del incremento de la inflación, convirtiéndose de esa manera las declaraciones del mandatario en un discursos netamente populista que desconoce el ordenamiento institucional del país.
Ante esta discusión es importante recordar que durante la pandemia las tarifas de energía no subieron, sino que fueron congeladas por el gobierno de Iván Duque para evitar que esto impactara de manera negativa en la ya congelada economía y durante el 2021 se mantuvo dicha iniciativa para que Colombia pudiera iniciar la senda de la recuperación económica antes de impactar los bolsillos de los colombianos y de las empresas, quienes tenían y tienen la responsabilidad de generar y recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia.
el compromiso del gobierno nacional significaba que en el 2022 se iniciara el aumento gradual del servicio con el objetivo de nivelarlo a lo que debería ser para evitar que las empresas generadoras y encargadas de la prestación del servicio se vieran perjudicadas, ya que en su momento asumieron dichos costos y el impacto de congelar las tarifas.
Y es que las tarifas en Colombia se establecen por una fórmula, más allá de una decisión política como lo quiere hacer ver Gustavo Petro. Según José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, las tarifas se fijan de la energía que paga cada hogar se compone del costo de la prestación del servicio (costo unitario) multiplicado por el consumo; es decir, lo que le cuesta a la empresa generar la energía, más lo que consume cada hogar.
Según los expertos el costo de prestación del servicio se ha triplicado, lo que se ve reflejado en un aumento en las tarifas de energía que deben pagar los usuarios.
Esto implica que no todas las regiones del país tengan el mismo valor de energía ya que para algunos la generación de la misma cuesta más y la mayoría de estos costos se contabiliza en dólares por cuenta de los insumos que no se producen en Colombia, sino que son importados con la dificultades que eso implica en este momento en el mundo donde aún no se ha superado la ya conocida crisis de contenedores.
Y precisamente es ahí donde entra la CREG que evalúa los factores correspondientes y fija los topes para la prestación del servicio, sin importar si el prestador es una empresa privada o pública, ya que en todos los casos es supervisada por la Superservicios que es la entidad responsable de hacer la veeduría para que el servicio se preste de manera adecuada y en las condiciones establecidas por el gobierno colombiano.
A este panorama se suma que Colombia está en deuda con obras que permitirán aumentar la generación de energía que permita aumentar la cobertura, dar continuidad al servicio y disminuir las tarifas. Dentro de estas obras está Hidroituango que tiene más de 4 años de retraso en su cronograma, así como el mejoramiento y repotenciación de embalses donde se pueda obtener energía.
Es importante aclarar que aunque llueva, Colombia no podrá generara más energía de la capacidad instalada porque el país cerca del 80% corresponde a energía hidroeléctrica y las turbinas de generación tienen una capacidad máxima, aunque pase más agua por ellas no pueden generar más energía de la establecida en su configuración.
Así las cosas se tendrá que esperar la determinación del gobierno nacional en este sentido entendiendo que los subsidios y el congelamiento de las tarifas lo que único que genera es la desfinanciación de las empresas prestadoras del servicio y finalmente un mal servicio para el usuario.
