La negativa del presidente Gustavo Petro a sancionar una reforma crucial a la Ley de Insolvencia ha dejado a casi 80.000 pequeños comerciantes al borde de la quiebra. Aprobada por el Congreso en junio, la reforma buscaba extender los beneficios de la ley a aquellos empresarios con activos de hasta mil salarios mínimos, permitiéndoles renegociar sus deudas con los acreedores. Sin embargo, el mandatario objetó la medida en septiembre, alegando problemas de constitucionalidad, lo que ha generado incertidumbre entre miles de afectados.
De acuerdo con el análisis de las firmas Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, la reforma ofrecía una solución a la creciente crisis financiera que enfrentan miles de comerciantes, atrapados en un vacío jurídico que les impide acogerse a la Ley de Insolvencia, tanto como personas naturales como jurídicas. Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, explica que esta ley ha permitido que más de 28.000 colombianos reorganicen sus finanzas, pero advierte que los pequeños empresarios, excluidos del marco actual, siguen sin poder negociar sus deudas, lo que acelera su inminente quiebra.
El panorama es preocupante: en Colombia existen alrededor de 1,2 millones de comerciantes, y se estima que el 6,7% de ellos enfrenta serias dificultades económicas. Para estos empresarios, la posibilidad de acceder a un proceso de insolvencia es vital. En 2024, el número de declaratorias de quiebra ha crecido significativamente, con más de 8.000 personas que ya se han acogido a la Ley de Insolvencia, una cifra que podría superar los 10.000 antes de que finalice el año, lo que representa un aumento del 60% en comparación con el año anterior.
Regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca encabezan las estadísticas de insolvencia, con más del 55% de las quiebras concentradas en estas zonas. Los factores detrás de este aumento incluyen el desempleo, la inflación y la desaceleración económica, que han empeorado la situación de muchas familias y pequeños empresarios.
Mientras tanto, la reforma sigue en el limbo, esperando una nueva revisión en el Congreso, mientras los comerciantes afectados luchan por mantenerse a flote en un entorno financiero cada vez más incierto.