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Colombia y su “justicia injusta”

Por: José Ignacio Penagos Hincapié

La Corte Constitucional actúa como sicaria social. Sus erróneas decisiones en contra de la sociedad colombiana, hablan de la falta de ética de los pseudo-magistrados que la componen.

Así las cortes -porque no sólo es la constitucional- prosiguen en la oscura tendencia de usurpar los otros poderes, suplantando al legislativo y al ejecutivo, además de pasar por encima de la representación y sentir popular, imponiendo, con este tipo de sentencias, medidas dictatoriales que van en contravía de la construcción de una sociedad que ha pagado con miles de muertos, la lucha cinta el narcotráfico.

Olvidan que “el bien colectivo prima sobre el interés particular, por lo que el libre desarrollo de la personalidad, que es un interés individual y particular, no puede estar por encima de los principios básicos que rigen la sociedad. Se supone que en un país que respeta el estado de derecho, tiene esa como una de las premisas máximas.

Con determinaciones cómo estás, la Corte Constitucional está  incentivando el microtráfico con su red de expendedores en los barrios y ciudades, incentiva el narcotráfico a gran escala cómo productores de narcóticos y pone en riesgo el trabajo de entidades e instituciones públicas y privadas que vienen luchando por décadas, en ayudar a miles de familias que viven el infierno y el flagelo de las drogas.

Con estas sentencias la Corte contribuye a la creación de un Narco Estado, patrocinado por sus magistrados convirtiéndose en cómplices de la delincuencia y dando razón a los críticos internacionales que insisten en señalar al país como una república bananera postrado ante los narcos.

La Corte crea así, el paraíso Perfecto para el narco turismo, consumidores irresponsables, consumidores enfermos, narcotraficantes asesinos y bandas delincuenciales dedicadas a proveer la supuestas dosis personales, que asesinan por el control de los barrios, territorios y parques; trazando fronteras invisibles.

La Corte así, promueve a las bandas crimínales para que continúen usando menores para la distribución y prostituyendo a niñas y niños a quienes hacen adictos. Son esos menores a los que la Corte pone en riesgo pues son indefensos los que terminan siendo abusados y asesinados; o en el peor de los casos asesinados.

Sentencias como estas, echan tierra a todo el esfuerzo institucional de quienes combaten el flagelo del narcotráfico, entre ellos, gobiernos nacional, departamentales y municipales, policía, fiscalía, entre otros.

Estos magistrados, están tomando decisiones basados en el síntoma patológico de “distorsión de la realidad” que los lleva a perder la perspectiva y la verdadera dimensión de los casos y su impacto. Eso en caso que exista algún viso de inocencia en sus actuaciones para no pensar que en realidad lo que los motiva es la cartelización de la toga en la que venden sentencias a favor de quienes pagándoles pretenden legalizar el narcotráfico.

Es que es, sin duda, sin extremadamente sospechosas las sentencias y decisiones de las “honorables cortes y magistrados” a favor de las Farc, los santriches, los traficantes y hasta de los abusadores y pedófilos de los terroristas desmovilizados. Decisiones que se salen del sentido común y toda lógica haciendo polémicas decisiones como las que absuelven a quienes dicen que sostener relaciones sexuales con niñas de 13 años no es delito si “aparentan” ser mayores, como abriendo la puerta a una nueva modalidad de esclavitud sexual y trata de menores, avalando un negocio más de las mafias.

Lo más triste es que a los reyes de las cortes no hay quien los controle, los vigile, los investigue o los juzgue. Son los todopoderosos que pretenden “gobernar” por encima de la institucionalidad y la voluntad de los ciudadanos. Ya va siendo hora de comenzar a desconocerlos en el legítimo derecho que asiste a los ciudadanos a la defensa propia de quien viola los principios morales y éticos,  ejerciendo la objeción conciencia o la desobediencia civil.

El país se está cansando de este tipo de acciones de una” justicia injusta”, ilógica, absurda, que inclusive pretende imponer su voluntad sin respeto a la vida hasta de los más inocentes, como en el caso de otra polémica sentencia, como lo fue la del aborto.

Las Cortes parecen haber suscrito la ideología progresista de la más radical izquierda que busca crear el caos y la anarquía. Sus sentencias van en contra de la sociedad y del país mismo. Contradicen, inclusive, sus propias sentencias pasadas, desconocen a sus integrantes sensatos y manipulan el articulado de las leyes; malinterpretando el espíritu del legislativo para acomodar las leyes a su visión macabra y obscena.

Con estas sentencias están dando la razón a quienes buscan una constituyente a razón de reexaminar la institucionalidad deformada. El País no puede seguir soportando el absurdo y no puede seguir cayendo tan bajo como las cortes quieren hacerlo… caer bajo la premisa de una justicia ciega, tonta, absurda, carente de lógica y sentido común, desconocedora del derecho de la cosas, “arreversada”, defensora de oscuros intereses, sin ética ni moral y que ha perdido toda dimensión y sentido de la responsabilidad con el país, la estructuración social y el mismo estado de derecho.

Las cortes las componen personas, que visto lo visto, son de la peor calaña, comparados a una elite mafiosa y fácilmente señalada de concierto para delinquir, cómplices y auxiliadores del narcotráfico y desde todo punto de vista, corruptas.

Estamos peor que cuando hablábamos de la justicia ciega. Ahora se “hace la ciega”, se levanta la venda de la imparcialidad, en pro de la impunidad, para actuar en derecho, pero de quien mejor les pague.

Ahora sólo imaginemos…Si estás son las cortes, las altas magistraturas; cómo será de ahí para abajo en la pirámide, con “juececitos” en pueblitos y ciudades, que se creen con el poder, hasta de paralizar el desarrollo del país, profiriendo fallos que suspenden obras a modo de chantaje hasta que les sea entregado el dinero pedido a través de emisarios a las empresas y concesionarios, para dar vía libre,  desde lo jurídico, a las mismas, en unión a ONG’s de izquierda que capitalizan su activismo haciéndolo rentable mientras dicen defender al medio ambiente. Estos carteles ya se han visto en su actuar si que se les oiga freno y cualquier denuncia es tomada, cínicamente, cómo injuria o calumnia”

Pobre Colombia con esta  justicia injusta.

 

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