Por Eduardo Mackenzie
Colombia vive horas dramáticas. No por un gran desastre natural, ni por un auge feroz de la pandemia del Covid, sino por una ofensiva relámpago que pocos habían previsto de fuerzas irregulares movidas y dirigidas por la narco-subversión.
Nunca como hoy, en los últimos 50 años, se había planteado con tanto realismo el punto decisivo del poder en ese país latinoamericano.
Al momento de redactar esta nota, la cuestión es: ¿por qué han entrado en fase de parálisis total, de la noche a la mañana, las instituciones, las fuerzas de defensa y las autoridades legítimas que el país tenía?
Tras una ola muy bien concertada de ataques violentísimos contra la fuerza pública (más de una veintena de estaciones de policía han sido incendiadas, muchas con su personal adentro), y de asaltos contra el sistema bancario, industrial y comercial, y contra el transporte urbano, por parte de grupos exaltados que dicen luchar contra una impopular reforma fiscal que el gobierno retiró hace casi una semana, las calles y centros neurálgicos de las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, quedaron en manos de compactos piquetes de vándalos.
Esos “manifestantes”, muchos de ellos armados con garrotes, piedras, cuchillos, bombas incendiarias y armas de fuego, han logrado paralizar sectores completos de esas ciudades y, sobre todo, han establecido una situación de doble poder en las vías terrestres de entrada y salida de esas ciudades, sin que los alcaldes verdes (tipo sandía) de esas tres ciudades hayan hecho nada para liberarlas.
Los manifestantes violentos no ocultan sus objetivos: convertir en rehén y aislar la ciudadanía de esas capitales e impedir la llegada de abastecimientos de alimentos y de los medicamentos y aparatos para luchar contra el Covid. Consecuencia: millones de personas temen en estos momentos por sus vidas y por sus bienes y piden al gobierno nacional que restablezca el orden.
Este, sin embargo, simula la sordera más absoluta: parece incapaz de tomar decisiones legales que estén a la altura de la crisis. El presidente de la República se ve abatido e impotente. Es como si él hubiera olvidado los poderes que le otorga la Constitución Nacional para salir de semejante dificultad y poner en su sitio a los alcaldes negligentes en materia de orden público.
Mientras tanto, el poder difuso que ha tomado en parte el control de los centros urbanos consolida sus posiciones.
Es cierto, el jefe de Estado alcanzó a musitar algunas frases tímidas, como aquella de que él podría solicitar “la asistencia” de los militares y que podría “decretar el estado de conmoción interior” en vista del “recrudecimiento de la violencia de las marchas”. Dice que quiere “construir soluciones” y “escuchar a la ciudadanía”. Sin embargo, esas ideas no trascienden, no se traducen en actos de gobierno, enérgicos y precisos, capaces de romper la dinámica subversiva en curso.
Parece que Duque valorara lo que ocurre como un simple asunto de “marchas” indóciles y no realizara los objetivos revolucionarios de éstas.
¿Aconsejado no se sabe por quién, Iván Duque optó por dejar pudrir la situación hasta que ésta se agote por sí misma? Si ello es así, el presidente habría escogido la salida más peligrosa.
¿Qué explica esa ausencia de voluntad para ponerle fin realmente a las asonadas que están causando la desgracia de tantos hogares? Las cifras más disímiles corren en los medios. Unos hablan de una veintena de muertos. El ministro de Defensa, Diego Molano, presentó otras cifras: 579 policías están heridos. De ellos, 464 fueron lesionados, 93 fueron heridos con cuchillos y machetes y 3 a bala. A Molano se le olvidó la muerte del policía Solano, apuñalado en Soacha. Quince policías fueron heridos por explosivos e incendios. Hay 25 policías hospitalizados. De los 515 vándalos capturados, 15 son extranjeros. Agregó que fueron decomisadas 140 armas de fuego y 5 672 cuchillos. Pero el ministro no ha dado detalles acerca de quién objetivamente está impartiendo la muerte a estas alturas.
La ausencia de una descripción valorativa de esos crímenes ha sido aprovechada por la subversión para manipular a los gobiernos extranjeros. Pretenden convencerlos de que la ola delincuencial de estos días no existe y solo hay en las calles jóvenes idealistas que están siendo “masacrados” por el gobierno “derechista” de Iván Duque.
Esa visión falsa es lo que les ha permitido a la ONU y la Unión Europea traicionar una vez más a Colombia. Ayer, mientras los asaltantes disparaban con armas de fuego y trataban de quemar vivos a una decena de policía en el sur de Bogotá, la policía era acusada por esos organismos de hacer un “uso desproporcionado de la fuerza”.
A causa de la orden de no reaccionar ante los ataques de los manifestantes, algunos policías han dejado que sus colegas sean derribados y golpeados sin piedad en su suelo por los alzados, como muestra un dramático video que circula en las redes sociales. Otros uniformados están pidiendo a la gente, por las redes sociales y desde las calles, que los ayuden a salvar sus vidas. Algunos policías que llegan vestidos de civil a sus casas, al final de la jornada, han sido atacados y heridos con cuchillos. Nada como eso se había visto antes en Colombia.
La ausencia de órdenes e instrucciones precisas a la fuerza pública para que puedan defenderse y dispersar a los amotinados y levantar los cercos contra las ciudades, ha sembrado el horror en el país.
Creyéndose vencedores, los sindicatos comunistas, motores de las acciones del 28 de abril (Fecode, la CUT y la CGT), siguen fomentando la anarquía, hasta hoy 5 de mayo. Inconsciente, el gobierno sigue dándoles el título honroso de “líderes de la movilización popular” a gente que está trabajando un problema diferente: ¿para qué negociar con Duque si el poder está derrumbándose y la lucha revolucionaria está entrando en una fase avanzada si no final?
El senador extremista Gustavo Petro, el cerebro de esta estrategia y arquitecto incitador de las marchas violentas, aspira a limitar aún más el discurso y las decisiones de Iván Duque. Petro llama ahora a concentrar la presión sobre Duque para obligarlo a capitular haciéndole creer que ha negociado.
El ELN y las FARC, por su parte, salieron del bosque y dijeron en panfletos que se “suman al paro” y que por lo tanto reiteran sus habituales amenazas contra los sectores industrial, comercial y financiero del país. Dos grupos paramilitares activos también en el tráfico de drogas, las Águilas Negras y las Aupm, replicaron que ellas atacarán a los “marchantes” a quienes ven como auxiliares de sus rivales.
Así, el pueblo colombiano sufre en directo los horrores de una narco-revolución. Pues ese es el núcleo central e invisible de lo que está ocurriendo. Los jefes narcos podrían tener hasta dos líneas en estos momentos. Unos quieren derribar a Iván Duque cuanto antes para improvisar enseguida un gobierno títere de perfiles inciertos y con personajes siniestros. Otros que se creen más astutos piden seguir modelando al gobierno hasta que retire el anuncio de que podría utilizar la fumigación aérea contra los cultivos de coca. Esa fumigación no ha comenzado pero la sola mención de tal cosa hizo que los jefes subversivos se histerizaran y aceleraran sus planes con los resultados que estamos viendo.
