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Colombia: Los malos consejos que vienen de Chile

Por: Eduardo Mackenzie

La estrategia que ha seguido el presidente chileno, Sebastián Piñera, ante la ola de disturbios extremistas, que allá llaman “estallido social”, no debería ser copiada por el gobierno de Colombia. El balance de la acción de los vándalos y encapuchados en Chile, desde el 18 de octubre pasado, es espeluznante: 23 personas perdieron la vida y más de 2 000 fueron heridas.

Por otra parte, la actividad económica se fue a pique: las cifras de la producción de 2019 son las peores de los últimos diez años, según un informe del Banco Central. El desempleo aumentó y el peso chileno perdió el 15% de su valor frente al dólar americano. Causa principal de esos fenómenos: la fuerte parálisis relativa del comercio, de las empresas y, sobre todo, del sector de servicios, desde que comenzó “la brisa bolivariana” contra el país sureño.

“La actividad económica del mes se vio afectada por el desempeño de las actividades de servicios, comercio e industria manufacturera”, constata El Mercurio. “En los servicios, destacaron las caídas de educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y hoteles. Compensó parcialmente este resultado el aumento de la actividad de construcción”, agregó. “La contracción de 3,4% en octubre es el peor registro mensual de la economía nacional desde julio de 2009, cuando la actividad decreció un 3,5%”, indicó el Banco Central (1). El Diario Financiero estima que tampoco habrá recuperación en 2020.

La opción tomada por Sebastián Piñera de discutir interminablemente, de negociar la Constitución, de no tomar medidas enérgicas contra los instigadores de la ola destructiva, y no declarar el estado de emergencia, ha llevado a esta situación. El índice de descrédito del presidente pasó de 81 a 82 puntos.

Para salir de apuros, Piñera anuncia que sacará de las arcas públicas 5,5 mil millones de dólares para reinyectarlas en la economía, sostener el peso, dinamizar el consumo y reparar las destrucciones, sobre todo en el sector de transportes, como el metro de Santiago, lo que podría agravar la crisis económica en lugar de frenarla.

Piñera tampoco ha logrado crear un consenso respecto de las medidas para conservar el orden público. Un sondeo reciente dice que un 72% está de acuerdo con que “se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones” y que un 59% quiere que los “militares puedan proteger infraestructura crítica para el funcionamiento de la ciudad”. El problema es que reina, al mismo tiempo, una fuerte confusión. Un 56% no está de acuerdo con que, frente a los hechos de violencia, los militares patrullen en las calles. Y un 60% no cree que Carabineros tenga las herramientas suficientes para controlar el orden público. El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, admitió ayer que la legislación antidisturbios es insuficiente: “Hoy las barricadas en las carreteras, que producen un daño enorme, no tienen probablemente la sanción penal que merecerían por el daño que producen.”

¿El gobierno colombiano seguirá la estrategia chilena de dar tiempo a los bárbaros para que blanqueen sus figuras y amplíen sus destrucciones para llegar a un cambio de régimen? En Colombia vamos, en todo caso, rápido en la misma dirección. ¡En menos de una semana de disturbios ya vamos en ocho muertos y 769 heridos (400 de ellos policías)! ¡Un ritmo de desgracias que supera el de Chile! En una semana, según Duque, las destrucciones ya suben a un billón de pesos (casi 300 millones de dólares). ¿Pronto llegaremos a los 23 muertos, 2 000 heridos y a los cinco mil millones de dólares necesarios para reactivar la economía?

La estrategia del “comité nacional del paro” es, sin embargo clara: paralizar a Duque y sus ministros con una discusión interminable y excluyente (lo que impedirá que el resto de la sociedad converse con el Presidente y formule sus propuestas) mientras que los disturbios repuntarán para alcanzar el quebranto o, por qué no, la desestabilización de la actividad económica global, para poder exigirle a Duque que, finalmente, les entregue cuatro o cinco ministerios y la facultad de redactar una nueva Constitución, tras un proceso constituyente, como está haciendo Piñera.

Otra falsa solución que viene de Chile: los socialistas quieren hacer una reforma constitucional que cree un “estado de excepción intermedio”, mediante el cual los militares no podrán asumir “ninguna responsabilidad sobre el orden público” y en caso de grandes violencias, como hoy, solo podrán “resguardar la infraestructura crítica” del país.

Lo que contrasta con lo dicho al Mercurio, casi simultáneamente, por el ministro de Defensa chileno, Alberto Espina: que los ataques que afectan a su país “fueron planificados por organizaciones criminales con un poder de daño gigantesco” y que hay “influencia desde el extranjero”. Espina reconoció que “Chile tiene una gran fragilidad en inteligencia interna” y que los “ataques brutales” a la infraestructura crítica “fueron debidamente planificados por organizaciones criminales, como grupos anarquistas, traficantes de drogas y bandas delictuales”. Explicó que el ataque al metro de Santiago “no fue aislado” y que Chile “está avanzando en la identificación de los cabecillas”.
Pocos creen hoy en Colombia que los saqueos, incendios y ataques con explosivos (papa-bombas) de estos días son “manifestaciones pacíficas” y gestos de “estudiantes radicales” que hacen “protesta social”. Lo de la protesta social es puro cuento.

Cada día cuenta. En esta ola subversiva cada día trae su cuota de salvajadas. Que Petro y los señores de la CUT y Fecode lo sepan: ya tienen sobre sus cabezas las 777 víctimas que deja hasta hoy su orden de paro indefinido. Pese a ello quieren seguir, para cumplirle a Maduro. Miserables vendepatrias. Creen que no hay un solo juez que se atreva a cobrarles esos crímenes. No estén tan seguros. De pronto uno de ellos les da una buena sorpresa.

(1).- emol.com/noticias/Economia/20…

 

@eduardomackenz1

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