Por Claudia Posada
Cómo no reiterarlo. Gobernar y tomar decisiones en todos los aspectos de impacto para los ciudadanos, sean medidas del ámbito nacional o local, en medio de la pandemia, es absolutamente distinto a proceder en tiempo normal. Imposible medir plenamente gestiones y ejecuciones en el marco de las situaciones que se analizan desde lo habitual, consabido y presupuestado. Entendemos la alteración de planes y programas que pueden haber quedado rezagados para dar cabida a las respuestas inmediatas que reclama una emergencia como la sanitaria; conmocionado el mundo, y en particular si pensamos en el Sistema Nacional de Salud colombiano, con todas las anomalías y deficiencias sabidas, somos inconscientes al no considerar a nuestros mandatarios con cierta dosis de comprensión. Si bien el presidente Iván Duque no es el más curtido mandatario, con la trayectoria y experiencia indicadas –madurado viche- para enfrentarse a todos los problemas que aquejan a Colombia, tampoco merece la pugna envilecida de quienes no tienen la entereza de “Ser duros con los problemas y suaves con las personas”.
Por el contrario, al gobernador de Antioquia ahora detenido, Aníbal Gaviria Correa, quizá porque ha conquistado credibilidad e imagen favorable como persona y mandatario, le suenan campanas de solidaridad por doquier, hasta el punto de afirmar, apenas en el trascurso de un proceso que no ha finalizado a su favor o en su contra, que se está cometiendo sin duda alguna una terrible injusticia. Desde luego no podemos como ciudadanos, gremios, organizaciones y demás, asegurar una cosa u otra, y aunque su situación no es para nada deseable, afecta al Departamento, a él y a su familia, lo que de por sí es lamentable. Confiar en la justicia y esperar que se resuelva pronto su situación, ojalá favorablemente, es lo que debemos hacer. Terciar desde ya en contra de la Justicia, no le favorece.
En lo que respecta a procesos revocatorios en contra del Alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, es fácil suponer que al promoverse el descontento que obviamente impide gobernar sin sobresaltos –como seguramente tampoco es fácil para un mandatario encargado temporalmente en el despacho del gobernador- todo se complica, se limitan determinaciones y se frenan decisiones. Los pasos para revocar a cualquier mandatario local son engorrosos, cuestan tiempo y plata; y ni qué decir de las consecuencias si se alcanza el objetivo, aquí lo peor va por cuenta del gobierno y significa desembolsar del erario. De todas maneras, si la iniciativa revocatoria –un derecho que da la democracia- nace de un convencimiento imparcial, ecuánime e impersonal, bien vale la pena. Quienes se hacen elegir por el pueblo, no deben traicionarles sus ilusiones. De ahí que toda revocatoria debe nacer de un sentir ciudadano transparente, ajeno a manipulaciones de carácter partidista. Tampoco se trata de concluir que, los inconvenientes que se atraviesan a los planes de desarrollo y programas de gobierno, son excusas para echar mano de prácticas incorrectas.
Por lo demás, la corruptela en Colombia, que es vergonzosamente reconocida en el mundo, que la ha habido, la hay y la habrá, debe ser combatida deicidamente; debería ser el mayor objetivo de todos los segmentos de la población; permitirla en algunos sectores privilegiados, cohonestar con ciertas prácticas enraizadas en las altas esferas de la sociedad; aceptarlas sumisamente para unos, mientras para otros son indecencias, desalienta a las comunidades a las que les toca de tanto dinero mal habido y mal movido, padecer la violencia, carencias, desplazamientos y desasosiego. ¡Qué indolencia!
